El acusado manejaba un vehículo en estado de ebriedad y con su licencia de conducir cancelada por la ciudad de Los Andes, cuando atropelló a un transeúnte provocándole graves lesiones, luego, huyó del sitio y fue detenido por Carabineros al día siguiente, tras ser fiscalizado en la comuna de La Reina. El máximo Tribunal estimó que la verificación de la participación del acusado en el atropello, no constituye una infracción al debido proceso.

Así como el titular del derecho real de dominio puede libremente usar, gozar y aprovechar de su propiedad, del mismo modo le asiste el derecho de reclamar la indemnización de toda restricción ilegítima de aquel derecho sin otro condicionamiento. Ello es acorde con las normas que consagran la inviolabilidad de la propiedad privada sin indemnización previa, y el principio de reserva.

Los demandantes no indicaron bajo qué empresa contratista en particular prestaron servicios, demandando directamente a la División Andina de Codelco, lo que les impide acreditar correctamente el tiempo en que estuvieron prestando servicios, así como su exposición a los elementos nocivos que causaron la silicosis.

Si bien la identidad de género es un factor que se considera dentro de los procesos que ejecuta el Servicio Mejor Niñez, la información aún no es ingresada en el sistema de información, no contando actualmente dicha variable en sus registros.

La ley provincial obliga a las entidades a otorgar la cobertura total de las prestaciones básicas en ella enunciadas que necesitaren las personas con discapacidad afiliadas a ellas. Tal es el caso de las prestaciones solicitadas por la amparista; precisando además la citada ley nacional que, respecto a las prestaciones de rehabilitación, las entidades deben brindar la cobertura integral en todos los casos.

El máximo Tribunal confirmó que el vínculo contractual entre las partes era de naturaleza laboral, al concurrir en la especie los elementos propios de la subordinación y dependencia, en atención al artículo 7 del Código del Trabajo.

La empresa puede ser multada con más de 600 millones de pesos por ruidos molestos producidos por la construcción.

Cuando la supuesta conducta ilícita surge del incumplimiento por parte del empleado estatal de un deber que se le impone únicamente en virtud de su empleo estatal, la inmunidad soberana prohíbe la acción en el tribunal de circuito. Pero cuando se acusa al empleado de incumplir un deber que se le impone independientemente de su empleo estatal, no se aplicará la inmunidad soberana.

La CSJ de Panamá determinó que la prohibición del matrimonio igualitario es constitucional. Aquí las razones.

La iniciativa -que fue analizada en dos jornadas por la Cámara- termina con la doble evaluación de las y los educadores, fortaleciendo procesos de inducción y acompañamiento. Con su aprobación, pasa a segundo trámite al Senado.