Pese a esgrimir argumentos de fondo que favorecen su petición, el demandado erró procesalmente al dirigir la acción únicamente en contra del comprador de un predio cuyo dominio sostiene le pertenece.
Si bien el Senado aprobó algunas las enmiendas introducidas por la Cámara Baja al proyecto, rechazó puntos en materias relacionadas con el presupuesto y el reglamento asociado, entre otras, que deberán tratarse en Comisión Mixta.
Se confirmó la destitución de un fiscal general de Chubut tras considerar que sus alegatos no estuvieron bien fundados, en virtud del estándar “Graffigna Latino”.
El máximo Tribunal dictó una serie de medidas destinadas a comunicar a las isapres, la Superintendencia de Salud y las Cortes de Apelaciones del país las decisiones para resolver casos similares.
El máximo Tribunal estableció que la denuncia formulada es de competencia del director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), cuya resolución administrativa es la que puede ser reclamada ante la corte de apelaciones respectiva.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada es de carácter pública y que no vulnera la privacidad de quienes han solicitado el procedimiento, al tratarse solo de datos estadísticos.
A través de un sistema electrónico aleatorio, la Cámara de Diputadas y Diputados definió a los primeros 78 legisladores que se practicarán el examen de rigor.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago al rechazar la solicitud de demolición. La fuerza mayor aducida está basada en la conveniencia económica del propietario del predio que, por este motivo, arguye que la edificación podría quedar abandonada y en riesgo de ser abandonada.
La empresa solicita al Tribunal que declare ilegal la resolución del Ministerio, en aquella parte que declara humedal urbano a la faja vía de su propiedad y que ordene a la autoridad ambiental que redefina el polígono del Humedal Urbano Estero El Litre de acuerdo a los técnicos y legales expuestos en su reclamación.
Se solicitan 6 medidas urgentes y transitorias, relativas al levantamiento de información que permita caracterizar el riesgo ambiental tras el incidente que comenzó el 30 de julio.
