“la disposición del artículo segundo de la Ley N° 20.587, además de establecer la facultad de sustitución de la pena de multa por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, prevé la circunstancia de aplicar la pena de reclusión en el evento de no ser procedente la prestación de servicios antes referida, caso en el cual impone su regulación en un día por cada tercio de unidad tributaria mensual sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.”.

«por conducto de este medio de impugnación no se pretende otra cosa que variarlos en los términos que interesan al recurrente, para concluir que no existen los perjuicios reclamados por los demandantes ni relación de causalidad entre los que se dicen sufridos por ellos y la dictación de los decretos alcaldicios de que se trata, cuestión que este tribunal de casación no puede hacer, a menos que se hayan vulnerado efectivamente las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la situación actual no ha ocurrido, como ya se ha dicho”.

«aun cuando resulta efectivo lo aseverado por el fallo de primera instancia, respecto a que la libertad ambulatoria incluye la libertad de los ciudadanos de transitar, permanecer y residir en cualquier punto del planeta, no es menos cierto que ello debe realizarse en conformidad a las normas legales de cada Estado, sujetándose el ciudadano a los requisitos que éste imponga para el ingreso de los extranjeros, puesto que la atribución de reglamentar la entrada y cautelar las condiciones de permanencia de los extranjeros en sus territorios es una manifestación de la soberanía de los mismos”.

«se debe señalar que resulta arbitrario que el Concejo Municipal esgrima como único argumento para denegar la solicitud la circunstancia que el eventual funcionamiento del establecimiento que el recurrente pretende instalar cause molestias a los vecinos -cuestión que les habría sido manifestada en reuniones con los mismos-, puesto que la Junta de Vecinos que agrupa a los residentes en el lugar ya había manifestado su aprobación a través de su presidente, que es quien los representa».

«de aplicarse la norma impugnada, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el principio non bis in idem, ya que se sanciona dos veces un mismo hecho, teniendo en cuenta que ya fue en una oportunidad dicha conducta infraccional debidamente sancionada por el órgano competente para ello, por medio de la aplicación de la multa y luego de la suspensión de la licencia de conducir que el mismo Tribunal decretó conforme a dicha falta».

«la parte recurrida vulnera el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ya que debió realizar ciertas conductas descritas en dicho decreto que regula el procedimiento relativo a la aprobación o rechazo de las licencias médicas, lo que no hizo».

«Equifax reconoció que debía eliminar dicha información de sus registros, y al no hacerlo infringe el artículo 6 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, vulnerando el derecho a la honra y la vida privada del recurrente, por lo que corresponde acoger el arbitrio constitucional a su respecto».

“que por todo lo que se ha venido razonando la sociedad reclamante es sujeto pasivo de la obligación tributaria del pago de patente municipal, sin que el recurso aporte argumentos que permitan modificar tal convicción, por lo que cabe concluir que éste adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que conduce a su rechazo”.

“que conforme a lo expuesto la actuación del recurrido constituye un acto ilegal, puesto que infringe lo señalado en el artículo 10 letra e) de la Ley N° 18.883, lo que se traduce en una discriminación arbitraria que afecta el derecho fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque desconoce que a la recurrente debe dársele el mismo trato que al resto de las personas, a quienes se les exige para ingresar a los respectivos cargos contar exclusivamente con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 10 del Estatuto de Funcionarios Municipales»

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 2331 del Código Civil. La gestión pendiente invocada incide en un proceso de indemnización de perjuicios, en el marco de un conflicto entre empresas, que se encuentra en etapa probatoria en primera instancia. Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la […]