“durante el proceso de tuición, a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la señora Atala, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad”.

“defensa jurídica del Estado de Chile en el litigio pendiente”, el cual espera la declaración del Tribunal Superior de Ámsterdam.

el precepto legal contraría el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la concesionaria debe pagar el monto de la compensación para ejercer acciones judiciales, sin haber discutido en forma previa la procedencia del derecho al pago de la compensación; y el debido proceso, ya que no se garantizan ni la previa audiencia ni la presunción de inocencia del presunto responsable.

“entregar y dejar a disposición de otros países y de la sociedad civil la experiencia de la organización en la puesta en marcha de la ley”

“profundizar en el sistema democrático a nivel regional, generando un importante recambio en los liderazgos a través de la elección directa de los consejos regionales más empoderados y una ciudadanía que va a estar más cerca de sus representantes populares”.

se tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

“la alegación de fondo del recurso –hubo incumplimiento contractual de la reclamada- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos por este tribunal, toda vez que no se ha denunciado ninguna infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

no habiéndose producido una contravención que diga relación con el derecho de propiedad de que es titular el recurrente, desde que el informe y el decreto impugnados se han emitido de acuerdo a las disposiciones que regulan la materia”

“actos ilegales ni arbitrarios, pues no se ha violado norma alguna del ordenamiento jurídico al citar la junta en un domicilio ajeno al señalado en los estatutos, ni se ha actuado sin razón o por mero capricho en la especie, toda vez que es justificado pretender realizar una junta de accionistas en el preciso lugar donde la sociedad recurrida ejerce y explota su único giro comercial”

“no es posible para este tribunal determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque o vulnere alguno de los derechos protegidos por la Constitución a través del recurso de protección, ninguno de los cuales ha sido invocado por el actor”, agregando que la verificación de riesgo comercial es una práctica habitual “no sancionada por el derecho”.