«La Corte Suprema acogió el arbitrio procesal, luego de concluir que, dado que el ius puniendi del Estado se encuentra en el origen de la potestad sancionatoria de la administración, corresponde que ésta se sujete al principio de legalidad, concretado en el mandato de tipicidad de las infracciones y las sanciones que se impongan…»

La modificación legal tuvo su origen en una moción de los parlamentarios Burgos, Ceroni, Díaz, Farías, Goic, Harboe, Robles, Saa y Tuma –ingresada a trámite legislativo en diciembre de 2009- mediante la cual se propuso prohibir la realización de “ranking o predictores de riesgo” comercial basados en variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales contenidos en un registro o banco de datos asociados a una determinada persona, incluyéndose en tal prohibición la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos.

En este sentido, y de conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos “vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto en el precepto superior. De ahí, que la heterosexualidad no sea una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de crianza.

Chile requiere “generar un código, un cuerpo legal bastante más comprensivo de lo que significa cómo tratar a los niños, sobre todo cuando estamos viendo prácticamente una revolución de las aspiraciones de los muchachos y unas conductas que son bastante difíciles. Me parece un tema abierto que hemos ido resolviendo por partes, entonces se trata de ver en total qué se avanzó y cómo hacemos coincidir los temas, que no haya contradicciones. Quisiera que algún día tuviéramos el Código del Niño”.

Observa luego que “es algo que sigue vigente”, siendo necesario legislar para “reconocer los derechos específicos del no nacido”, en el entendido que “la edad o etapa de desarrollo de un ser humano no es condicionante de la titularidad” del derecho a la vida, ya que éste último es el “supuesto de todos los demás” derechos.

El Presidente de la referida Comisión, diputado José Manuel Edwards, señaló que se han realizado 119 talleres acerca del tema en los que han participado más de 5 mil personas, restando la realización de 54 reuniones hasta enero de 2012, en el marco de un proceso que ha sido valorado incluso por la propia OIT.

“En ausencia de una regla específica sobre el punto, las infracciones y sanciones administrativas deben prescribir en el plazo de seis meses establecido para las faltas en los artículos 94 y 97 del Código Penal”.

Luego de las elecciones celebradas en el Perú hoy asume como Presidente  Ollanta Humala, perteneciente al Partido Nacionalista Peruano, quien se impuso en la segunda vuelta electoral con un 52% por sobre la candidata del Partido Político Fuerza 2011, Keiko Fujimori. La Constitución peruana establece que el Presidente de la República es Jefe de Estado […]

«las exigencias constitucionales en materia de justo y racional procedimiento son definiciones primarias del legislador complementadas con el desarrollo jurisprudencial de la cláusula del debido proceso. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso.»

Observa que luego de “siete años de su establecimiento, el Sistema de Alta Dirección Pública se encuentra instalado y en funcionamiento”; sin embargo ello, “se aprecian algunas deficiencias o falencias en el diseño original”, que aunque “de menor entidad, son las que se refieren a la excesiva demora de algunos concursos, a los vacíos en la conformación de nóminas, que obligan a repetir los procedimientos, etc”.