“la improcedencia de otorgar el beneficio de desahucio pretendido, refiriéndose incluso a una “falta de legitimación activa para demandar” por parte del actor”, mientras que ahora invoca “argumentos concernientes a la exacta cuantía del beneficio a pagar”, lo que claramente excede el marco jurídico del recurso de nulidad sustancial.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el término de diez días a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

“el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal y su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas”, y no el efecto de extemporaneidad pretendido por el actor.

La parte requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, sus derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho al recurso y la igualdad ante la ley, en la medida que solicitará la exclusión de prueba y que no podrá apelar de lo resuelto, cosa que el ente persecutor sí podrá impugnar.

El Informe está orientado a ser una herramienta útil y de fácil manejo para litigantes, operadores del derecho, estudiantes y profesores, quienes deben estar familiarizados con la interpretación y aplicación de normas constitucionales.

resulta imperioso contemplar la dilapidación, que estiman puede ser la antesala para generar la “ludopatía”, entendida como “la adicción patológica al juego”, el que puede llegar a ser un problema de tal magnitud que ya ha sido abordada en otras legislaciones.

«Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. La experiencia del Ecuador y las posibilidades en Chile”, que congregará a destacados académicos del ámbito nacional.

fueron aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones, con el voto en contra del diputado Accorsi, quien fue del parecer de rechazarlos por estimar que la ley no contribuye a disminuir el costo del sistema de seguros privados, uno de los más caros del mundo. En segundo término, algunas de las indicaciones fueron declaradas inadmisibles por razones formales, mientras que otras serán resueltas en la sesión de mañana.

Estima que de aplicársele la norma impugnada se podría vulnerar las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su justa retribución, e igualmente el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un conjunto de garantías sobre protección de las remuneraciones y del descanso de los trabajadores.

la distinción entre graffiti y muralismo, y el menoscabo que el rallado callejero provoca en las fachadas de las casas y construcciones patrimoniales, al tiempo que cuestionó la accesibilidad de las personas a la pintura en aerosol.