“que la Ley Antiterrorista se sigue aplicando, que la reforma que se hizo de esta Ley es una burla, el Gobierno en realidad apoyo una iniciativa que no cambia en nada el fondo del problema, entonces permanece esta legislación que es contraria a las normas internacionales de los derechos humanos, que permite los testigos anónimos y que posee una definición de terrorismo demasiado amplia”.

La impugnación no se admitió a trámite y se declaró derechamente inadmisible, toda vez que la sala designada por el Presidente del TC llamada a pronunciarse sobre su admisión a trámite a fin de resolver sobre la admisibilidad de la acción deducida, concluyera que adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar.

….nuestro país “se ha visto sacudido por un escándalo financiero en el cual está envuelta la cuarta empresa de retail más importante”, la que mediante “procedimientos al parecer ilegales, repactaba de manera unilateral las deudas de sus clientes, aumentando dichas deudas en hasta 7 veces la deuda original” y ante el no pago enviaban los antecedentes de estas personas a Dicom o a bancos de datos personales.

Observa que la regla general -según lo establece el artículo 9 del Código Civil- es la irretroactividad de las leyes y que la excepción la constituye el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, “el que se refiere que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

Estima de que de aplicársele la norma impugnada se vulnera –entre otras disposiciones- la igualdad ante la ley y el debido proceso, como también la Convención Internacional sobre los derechos del Niño.

El quórum de aprobación del plebiscito será la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y una ley orgánica constitucional, regulará el procedimiento y sus efectos vinculantes.

El fallo concluye que “el procedimiento adoptado respecto de la detención del H. Diputado, no se ajustó a las normas constitucionales, ni legales, lo que provocó que el parlamentario haya permanecido ilegalmente privado de libertad”.

La parte recurrente califica de ilegal dicha actuación por cuanto en el proceso se había decretado una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un vehículo, debiendo disponerse previamente la realización de dicho bien.

“la evidencia nos muestra un lucro creciente” -a pesar que la legislación lo prohíbe- a través de “artilugios” y practicas ilegítimas, como por ejemplo, las llamadas sociedades “espejo”, mediante las cuales se “obtienen importantes ganancias para sus inversionistas, impactando fuertemente en la vida de los estudiantes a quienes se les imponen costosos aranceles, complejas condiciones crediticias e importantes niveles de endeudamiento”.

El Senado aprobó –con 31 votos a favor- la idea de legislar contenida en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.216, que establece medidas de cumplimiento alternativo a las penas privativas o restrictivas de libertad, y que  autoriza el uso del “brazalete electrónico”. Las penas sustitutivas que la iniciativa regula son la […]