Cualquier funcionario público que se encuentre desarrollando una actividad de interés particular, salvo las excepciones legales, no debe recibir un pago del Estado.
La ley del Congreso Nacional regula la declaración de las inadmisibilidades y permite, a pesar de que la mesa de una de las Cámaras, guiada por la Secretaría Técnica, declare la inadmisibilidad, que esta se pueda votar y revertir por mayoría simple, lo que resulta contradictorio al sentido de la iniciativa exclusiva y de la declaración de inadmisibilidad.
La recurrente no es una adolescente «cabeza de chorlito» que «apuntó un puntero láser a un avión que pasaba solo por diversión». Más bien, es una persona «muy inteligente» que investigó cuidadosamente una forma ilícita de interrumpir un tren en movimiento. Obtuvo conocimientos especializados sobre sistemas de señalización ferroviaria y trenes al estudiar múltiples informes y artículos en varios sitios web.
El texto presentado por el gobierno con el objetivo de modificar las actuales normativas fiscales ya cuenta con la aprobación en la Comisión de Hacienda de las enmiendas al Código Tributario.
Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que estableció que corresponde a los tribunales de Santiago la competencia para tramitar el proceso.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la AFP recurrida al denegar la devolución solicitada por la trabajadora y cotizante extranjera, quien cumple con los requisitos legales para retirar los fondos previsionales.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia.
La magistrada desestimó el reclamo al establecer que en la especie, se encuentran probadas las infracciones detectadas por el sumario sanitario abierto y que la resolución sancionatoria del Instituto de Salud Pública, debidamente fundada.
