El candidato habría renunciado tras conocerse su formalización por delitos contra las buenas costumbres.
La titular de la minera puede ser multada con más de $9.800 millones de pesos.
La prueba indiciaria es muchas veces fuente de certezas muy superiores a las que brindaría una pluralidad de pruebas directas unidireccionales y concordantes.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia.
Sin perjuicio de verificar, una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para acceder a dicha declaración, incluyendo el de que el solicitante se haya presentado previamente ante la PDI, acatando la legislación nacional. Además, deberá dictar las resoluciones de carácter general para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de los preceptos involucrados.
La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).
Restringir e impedir la legitimación como acusación particular a un descendiente de segundo grado para ejercer la acción penal y civil ante un delito cometido por la hija de la víctima del delito al desapoderarle de su patrimonio económico, vulneraría la tutela judicial efectiva cuando la propia víctima es vulnerable y no está en condiciones de ejercer la acción penal.
De considerar la concurrencia de dos o más circunstancias atenuantes, conforme a lo prescrito en el artículo 68 del Código Penal, es facultativo para el juez imponer una pena inferior según el número y entidad de las circunstancias, y determinar la cuantía de la pena en los términos que señala el artículo 69 del Código Penal.
El Poder Judicial sigue teniendo una natural propensión al uso del papel, aun cuando es perfectamente posible adaptar dicha tramitación al soporte digital.
Las enmiendas al proyecto de ley buscan hacer extensiva la prohibición de alquilar vientres en Italia al extranjero, una práctica realizada principalmente por parejas del mismo sexo que buscan sortear las restricciones impuestas en su país. Del mismo modo, califican la maternidad subrogada como un “delito universal”.
