El Tribunal de alzada no hizo lugar a las acciones constitucionales, por estimar que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades legales, al denegar los permisos de salida temporal del Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde cumplen condena.
La disputa legal se estaba dando en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo por el monto adeudado de 15 meses de cotizaciones, 18 meses de Fonasa y meses de AFP.
La fórmula de cobro que establece el precepto legal impugnado importa una verdadera expropiación, sin que exista un real fundamento para dicho fin.
Los recurridos al desestimar la solicitud de la actora mediante expresiones genéricas, no le permiten comprender el motivo de su decisión, lo que amenaza el derecho a la igualdad ante la ley.
La enseñanza bajo modalidad online busca emular los resultados de las clases presenciales, lo cual se logra mediante la forma en que el colegio ha procedido.
Se confirió traslado a las partes por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.
Los funcionarios tienen derecho a percibir en forma íntegra sus emolumentos, aun sin desarrollar sus labores.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
En atención al artículo 53, inciso 1º, de la Ley 19.880 y al transcurso de más de dos años desde la notificación del decreto alcaldicio que declaró vacante el cargo, no procede ordenar un procedimiento invalidatorio.
Se infringiría la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
