En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las sentencias dictadas por los homicidios calificados de Alejandro de la Barra Villarroel y Ana María Puga Ortiz, matrimonio asesinado el 3 de diciembre de 1974.
La CIDH invita a los Estados y a la sociedad civil a responder el presente cuestionario y aportar la mayor información que les sea posible para que sea analizada en el marco de la elaboración del informe.
El CPLT concluye en esencia acogiendo el amparo de acceso a la información de autos, requiriendo al Superintendente de Valores y Seguros hacer entrega al reclamante de la información solicitada en los literales j), k) y l) de la solicitud y en el evento de que ésta no obre en su poder lo informe expresamente al solicitante.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien fue del parecer de acoger el recurso de casación interpuesto por Víctor Manuel Ojeda Méndez.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación que conoce la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En atención a las consideraciones antes indicadas y no habiendo aportado el municipio antecedentes que permitan dar por subsanadas las observaciones contenidas en el Informe Final N° 4, de 2013, en comento, la CGR concluye ratificándolo en todas sus partes.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección, decisión que fue confirmada en alzada por la Corte Suprema.
El fallo fue acordado con el voto en contra del Ministro Pierry, quien estuvo por acoger el recurso de casación.
El contralor razonó que, dado que a la fecha del aludido ranking la denunciada aún desarrollaba tareas como Secretaria General, se configuró la incompatibilidad ya referida.
Por unanimidad, la Corte Suprema desestimó una serie de recursos presentados en contra de la licitación de la plataforma tecnológica para pasaportes, realizada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
