El DL 3.516 no evitó la expansión fuera de los límites urbanos, y peor aún, tampoco aumentó la productividad agrícola, lo cual era su principal motivo de creación.
El derecho a la vivienda de emergencia, por su naturaleza y finalidad social, es afín a los derechos reconocidos en el marco del derecho legalmente exigible a la vivienda o a las prestaciones sociales a los efectos de la jurisprudencia. En consecuencia, la decisión de conceder o denegar alojamiento de emergencia constituye un derecho civil que no se equipara a una decisión sobre inmigración o sobre la entrada, estancia o expulsión de extranjeros.
La autoridad ambiental deberá excluir del polígono del humedal, 34 hectáreas de privados por haberse acreditado los criterios de exclusión utilizados por el Ministerio del Medio Ambiente en el proceso de declaratoria.
La Segunda Sala confirmó la sentencia que rechazó la media prescripción y que condenó a César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Andrés Carevic Cubillos y al fallecido Ciro Ernesto Torré Sáez a penas de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.
El proyecto Mejoramiento Integral forma parte de un “Master Plan” desarrollado por EFE, que busca potenciar el sistema ferroviario para el transporte de carga y de pasajeros, entre otros, contemplando para tales efectos siete iniciativas de modernización ferroviaria. Una de estas iniciativas es el proyecto “Rancagua Express”, que contempla tres subproyectos: “Mejoramiento Integral”, “Seguridad y Confinamiento” y “Renovación Flota Material Rodante”.
El máximo Tribunal desestimó la viabilidad del recurso al estar dirigido a impugnar los hechos establecidos por los jueces del fondo.
La Sala respaldó la iniciativa de forma prácticamente unánime y ahora resta que la Cámara Baja se pronuncie sobre los cambios que se hicieron en el Senado. Si los ratifica, el proyecto quedaría en condiciones de entrar en vigencia.
La Sala aprobó y despachó a su segundo trámite la moción de senadores que apunta a resolver un vacío que se produjo en una modificación anterior en lo referente a su labor investigativa altamente técnica.
El Tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de los hechos establecido por los jueces del fondo.
Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.
