Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 4º del artículo 171 del Código Tributario.La gestión pendiente invocada recae en un incidente de nulidad por falta de emplazamiento en contra del Servicio de Tesorerías, en el marco de un juicio de cobro de obligaciones tributarias. En este proceso, los requirentes han deducido recursos de casación […]

“el presente recurso al denunciar como infringidas normas que califica como reguladoras de la prueba, no señala que conforme a dicha infracción los hechos establecidos sean erróneos; por el contrario, éste discurre sobre la base de los mismos hechos establecidos por los jueces de grado”

“no puede implicar el avocarse a una cuestión que se encuentre al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el Código del Trabajo, y no es una materia que deba ser resuelta exclusivamente por la judicatura especial que conoce de estos asuntos, sin perjuicio de la empresa recurrente de reclamar ante ella, instancia en la que podrá rendir pruebas de las circunstancias de hecho así como finalmente interpretar la legislación del ramo”.

“La obligación de los mandos de sancionar las faltas que cometan sus subalternos, ya que la omisión en el cumplimiento de este deber implicaría una violación a principios de ética y mando y que la aplicación de sanciones de tipo administrativo es independiente de la responsabilidad penal o civil derivada de los hechos en que incurriera el personal, por lo que la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial no tienen incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa”.

“Se nombró en el cargo de Director del Tránsito al recurrente mediante la apertura de concurso público, con la seriedad que ello implica, en razón de que no había nadie que cumpliera los requisitos para el ascenso, que éste asumió su cargo de buena fe, que ha ejercido su cargo durante largo tiempo y que no se ha dejado sin efecto su nombramiento”.

“Su decisión debe ser fundada, lo que no ocurre en la especie, lo que se comprueba con su informe al recurso, no solicitando otros antecedentes al beneficiario o disponer alguna pericia, para verificar la procedencia médica del reposo. Es más, el propio recurrente acompañó a estos autos informes Psicológico y Psiquiátrico que revelan la existencia de la enfermedad y la conveniencia de su reposo”.

no puede considerarse razonablemente fundada la acción intentada en la especie, si resulta evidente que el conflicto de constitucionalidad que se plantea coincide con el que, en su oportunidad, ya fue resuelto por esta Magistratura al conocer el requerimiento de inaplicabilidad, Rol N° 2206-12-INA, interpuesto por la misma parte que acciona en estos autos, impugnando la misma disposición que en este requerimiento se solicita declarar inaplicable, a saber, el inciso segundo del artículo 211 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 2005, del Ministerio de Salud, y en la misma gestión pendiente.

“Fue de parecer de acoger el presente recurso, para el sólo efecto de oficiar al Sr. General Director de la Institución recurrida a fin de disponer la instrucción de un sumario administrativo, mediante el cual se indague debidamente por la propia entidad si ha existido o no un afán persecutorio de parte del funcionario recurrido”.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 12 inciso 2° de la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.En su resolución, la Magistratura Constitucional expresa que ha resuelto en oportunidades anteriores, atendido el mérito de cada caso particular, que si un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto […]

“cada una de las infracciones que el recurrente endosa a la sentencia en cuestión se encuentran dirigidas a dotar a la prueba que la demandante aportó al juicio de la fuerza necesaria para acreditar la inexistencia de la inversión que se le atribuye, intentando negar su existencia”.