“no existen además actos arbitrarios o ilegales cometidos por parte de la Municipalidad” y descartó expresamente cualquier vulneración de derechos fundamentales.
la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que, de aplicarse las normas impugnadas y ordenarse en definitiva la entrega de sus antecedentes, se afectarían derechos constitucionales, entre otros, el respeto y protección de la vida privada, como también se violentará el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que estén garantizados por tratados internacionales ratificados por Chile, como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica.
“mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley será de cargo exclusivo de los municipios”, sin perjuicio de que “para los efectos de contribuir a su financiamiento, el Fisco aportará a las municipalidades, durante los años 2012 y 2013, la cantidad de $ 6.000.000.000.- (seis mil millones de pesos), en cada uno de dichos años”
la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que la fianza de resultas no es compatible con la igualdad procesal, en la medida que no tenga una justificación constitucional, a la luz del debido proceso.
“tratándose de impuestos cuyo plazo legal para efectuar el pago venció en cada caso entre el 12 de diciembre de 1994 y 30 de abril del año 1996, a la fecha de notificación de los giros, el 16 de marzo del año 2000, ya había transcurrido el plazo de tres años que contempla la ley, por lo que no pudo entonces dicha gestión tener el efecto de interrumpir la prescripción”.
«hicimos un llamado al gobierno para que buscara un mecanismo de financiamiento público a las candidaturas femeninas para potenciar su participación en política; el gobierno nos dijo que iba a estudiar este tema en otro proyecto”
“debe indemnizar cumplidamente al depositante por todos los daños y perjuicios que le sobrevengan por hecho o culpa suya”, incluidos el daño material y el daño moral.
la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, se sostiene que el limitado número de excepciones que puede oponer el demandado ejecutivo, en este procedimiento laboral, resulta arbitrario, especialmente al no considerar la excepción de prescripción, lo cual constituiría una restricción para ejercer el derecho a la jurisdicción garantizado por la Constitución.
“el demandante atribuyó a las demandadas una falta de adecuación del diseño de desagües del terreno y por ende estaba en obligación de demostrar dicho aserto”, siendo que se demostró en el proceso precisamente lo contrario, esto es, que “el sitio en cuestión históricamente era objeto de inundaciones y que las demandadas no tenía la obligación de mejorar esa calidad”.
“cuando la única causa del daño es el hecho del demandado, autor del perjuicio, no puede éste pretender exonerarse parcialmente de su responsabilidad, aun cuando la víctima hubiere desplegado previamente una actividad o conducta infraccional, como lo alega el recurso, toda vez que corresponde atenerse a una relación de causalidad y no a un contexto de culpabilidad”
