Si bien es común dentro de los internos realizarse cortes para obtener atención a sus peticiones o para ser llevados al ASA, no es dable concluir que se auto lesionara de la forma que dan cuenta las lesiones constatadas en la autopsia, considerando que, a pesar de los auxilios, la lesión era de tipo vital.

El feriado legal, o “vacaciones”, al ser un derecho irrenunciable del trabajador, se encuentra protegido por la regla del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, y la acción para reclamar su pago prescribe en dos años. Sin embargo, tal plazo debe computarse desde la finalización del contrato, y no desde que el feriado legal se hace exigible.

Para determinar la causa de muerte de la madre de la recurrente, un fiscal de Copiapó ordenó practicar una tercera autopsia sobre el cuerpo, la cual sería realizada por un forense privado bajo supervisión del SML, no obstante, el persecutor no indicó de forma específica si el recurrido debía prestar apoyo instrumental y profesional al galeno, o sólo limitarse a facilitar sus dependencias para realizar la diligencia; por lo tanto, la acción cautelar no puede prosperar.

La magistratura -al mérito de las pruebas aportadas por las partes- observó que el demandado ocupaba un inmueble diferente al reclamado, además, el demandante no singularizó la ubicación exacta de la presunta ocupación, acusando al demandado de privar su dominio respecto de un retazo de 228 hectáreas en la comuna de Algarrobo; por lo que la acción fue desestimada por la justicia.

El máximo Tribunal indicó que los efectos del abandono decretado en la causa de cumplimiento, no invalidan el derecho obtenido por el demandante en el juicio declarativo, por lo que la magistratura debió dar lugar a la demanda de cobro de pesos en juicio sumario deducida por el Fisco de Chile, fundada en una sentencia previa que ordenó el pago de 78 millones de pesos a su favor.

De acuerdo a las normas generales del onus probandi, la carga de la prueba para acreditar las impugnaciones correspondía única y exclusivamente a la parte demandante. Sin embargo, no consta de los antecedentes que la entidad licitante hubiere incurrido en alguna inobservancia al principio de libre concurrencia como tampoco al principio de imparcialidad ni a cualquier otro principio de la contratación administrativa.

Profesionales egresadas de la casa de estudios dieron cuenta ante alumnos y docentes de su experiencia laboral, y de cómo han enfrentado la discriminación de género mediante el empoderamiento en áreas tan variadas como el derecho, la comunicación audiovisual, la salud, y la administración de negocios.

En la actividad convocada por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y el director de la BCN participó la ministra del Interior, Carolina Tohá y ex ministros de la cartera. El trabajo, realizado por investigadores de la BCN, busca entregar «una mirada seria, objetiva y basada en la evidencia». «La idea, es ser una contribución para políticas públicas, investigadores, académicos y tomadores de decisiones».

Tras una tensa discusión reglamentaria y de los acuerdos administrativos adoptados al inicio de la actual legislatura, la Sala del Senado zanjó los nombres en votaciones de mayoría.

El organismo emitió una declaración en la que señala que “el Código de Ética delimita claramente los límites del ejercicio de la profesión y es fundamental que los abogados y abogadas respeten dichos límites en su actuar puesto que su labor incide en la correcta y eficaz administración de justicia y, esencialmente, en la vigencia del estado de derecho”.