La iniciativa, que además establece nuevas normas de financiamiento y responsabilidad fiscal, fue explicada por el ministro Mario Marcel y el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo.
Por unanimidad, la Comisión de Constitución respaldó la idea de legislar de la propuesta del Ejecutivo que modifica los códigos Penal y Procesal Penal para establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento de la agravante de reincidencia.
La propuesta estudiada por la Comisión de Educación, también moderniza los requisitos de ingreso al plantel eliminándose el de estatura mínima y permitiéndose que cualquier tipo de licencia media sirva para postular.
La responsabilidad del Estado emana del actuar doloso de un funcionario de Carabineros en servicio que disparó la carabina lanza gases que portaba, al rostro de la víctima, sin respetar la normativa vigente en relación a los protocolos del uso de armas.
Si bien es efectivo que se requiere conocer la identidad de la persona respecto de quien se deba formalizar una investigación, en este caso esa identidad constaba suficientemente por medio de los documentos a que se refirieron tanto el Defensor Penal Público como el representante del Ministerio Público ante estrados.
En principio, la magistratura estimó que la declaración de interdicción por un criterio puramente asistencialista vulneraba la igualdad ante la ley y los derechos reconocidos en tratados internacionales a las personas con discapacidad mental, sin embargo, el máximo Tribunal advirtió que el solicitante es quien cuida de forma permanente a su hijo, quien es incapaz de valerse por sí mismo, por lo que revirtió la decisión y declaró al solicitante como tutor del requerido.
La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.
La retención de la víctima excedió del tiempo imprescindible para la perpetración del robo. Pese a que los acusados contaban con todos los instrumentos para desarrollar la actuación apropiatoria, retuvieron a su víctima, sin duda para lograr una consumación más fácil y carente de riesgo de denuncia policial.
Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.
Es facultad privativa de los sentenciadores de primer grado el establecimiento de los hechos y su calificación jurídica, en virtud del principio de inmediación, correspondiendo al tribunal ad quem sólo indagar si se ha incurrido en errores de derecho que puedan influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
