Como contrapartida, el proyecto dispone también que las categorías aludidas en la definición antes transcrita “no podrán invocarse en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público”, en referencia a conductas de pedofilia, incesto y abusos sexuales.
La decisión, en cuanto a la suspensión del procedimiento, fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.
La iniciativa define el AVP como un contrato celebrado entre dos personas mayores de edad, sin diferencia de sexo y que no altera el estado civil, con la finalidad o de regular efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común. Entre los impedimentos e inhabilidades que el proyecto establece para celebrar esta convención, se encuentran los ascendientes y descendientes por consanguinidad, los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado, las personas casadas y quienes mantengan un AVP vigente.
Observa luego que respecto de “los hidrocarburos, los artículos 48° y siguientes establecen el Plan de Cierre de Faenas de Hidrocarburos, señalando que quedarán sujetos a la obligación de presentar plan de cierre de sus faenas las personas naturales o jurídicas que efectúen exploración, explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, de acuerdo a las reglas establecidas por este Título”, y añade que si “bien esta ley, resulta aplicable a los hidrocarburos, respecto a los CEOP –Contratos Especiales de Operación Petrolera- habrían dudas…»
Asimismo, tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N° 20.379, velando porque las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población en el marco de las políticas, planes y programas establecidos.
Los Ministros Gutiérrez, Herrera, Sanhueza, Araya, Solis y MacKay, fueron del parecer de acoger la solicitud de desafuero, al estimar que tal petición “se aviene perfectamente con los antecedentes acumulados durante la investigación efectuada por el Ministerio Público, y ello no puede ser entendido, en caso alguno, como una desprotección para la mencionada autoridad pública, precisamente porque dentro del procedimiento judicial podrá ejercer todos los derechos que estime le correspondan”
De esta manera, lo único a que obliga el artículo 20 de la Carta Fundamental es a entregar necesariamente a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de las acciones constitucionales de protección y de su texto no se deriva el derecho a una segunda instancia previa vista de la causa ante la Corte Suprema.
Con la intención de discutir los temas de fondo que aquejan a nuestra democracia y posibilitar el debate sobre una nueva Constitución política, los senadores Andrés Zaldívar y Camilo Escalona, exhortaron a los Presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional, Presidentes de los partidos políticos y parlamentarios, a instituir una Comisión Bicameral con el objeto […]
e si bien los plazos no son un requisito de validez de las actuaciones de los procesos disciplinarios, su dilación puede afectar la responsabilidad administrativa del Jefe de la Unidad Jurídica del Municipio, el que tiene el deber de velar por su rectitud y oportunidad, además de estar sometido al deber de cumplir las instrucciones de la órgano contralor en la materia.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se pretende revocar una condena a 541 días de presidio en su grado medio, sin derecho a beneficio, que se aplicó en procedimiento abreviado por un Juzgado de Garantía de Santiago a una mujer que fue detenida al hacer entrega de un envoltorio contenedor de pasta base de cocaína.
