Diputados proponen permitir la participación de estudiantes y funcionarios no académicos en las instituciones de educación superior.
Observa luego que al suprimir este impedimento, habilitaría para que las “instituciones privadas de Educación superior tengan la libertad de organizarse de la manera que estimen”, debiendo “efectuar una modificación de sus respectivas escrituras públicas que dan cuenta de sus estatutos” y aclarando que respecto a “las universidades del Estado” –por tratarse de servicios públicos descentralizados- “no les afecta”, al ser constituidas por ley y no por escritura pública.