Observa luego que al suprimir este impedimento, habilitaría para que las “instituciones privadas de Educación superior tengan la libertad de organizarse de la manera que estimen”, debiendo “efectuar una modificación de sus respectivas escrituras públicas que dan cuenta de sus estatutos” y aclarando que respecto a “las universidades del Estado” –por tratarse de servicios públicos descentralizados- “no les afecta”, al ser constituidas por ley y no por escritura pública.

La iniciativa señala enseguida que si el precepto constitucional solo “señala el momento de inicio del plazo que tiene la Corte”, pero no “con la misma precisión hasta cuándo tiene para informar”.

La Cámara de Diputados aprobó –con más de 70 votos a favor- el veto que el Ejecutivo formuló al proyecto de ley que pretende terminar con los candidatos “descolgados”.El veto señala que los candidatos independientes que quieran optar a cargos de representación popular en como candidato de un partido político o de un pacto electoral, […]

Manifestando su preocupación frente a estas iniciativas, el informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) desarrolla una fundada crítica a la llamada “democracia plebiscitaria”, entendida como “el uso indiscriminado de la institución del plebiscito en una democracia representativa”, concluyendo que su uso se presta con demasiada frecuencia para “hacer demagogia” o emprender medidas de tipo populistas.

“la propia resolución certifica el cumplimiento de la normativa del proyecto, como también da cuenta de haberse acompañado los antecedentes necesarios para la ponderación respectiva de los PAS involucrados, estableciendo que estos antecedentes son suficientes para asegurar los requisitos ambientales de cada uno de estos permisos, posibilitando un análisis de la evaluación de los componentes ambientales vinculados a los permisos ambientales sectoriales respectivos, sin que por otra parte, corresponda a esta Corte realizar un análisis de índole…»

“a esta magistratura mantener la vigencia de ambas normas dentro del ordenamiento jurídico y solo en cuanto hubiera una insalvable imposibilidad de coexistencia hacer primar aquella de mayor grado o nivel en la estructura jurídica chilena”.

Se dedujo acción de protección en contra de varios particulares por impedir el acceso o salida de la casa-habitación de la actora, ubicada dentro del sitio común que comparte con los recurridos.La Corte Suprema rechazó el arbitrio constitucional, por estimar que “no existen antecedentes suficientes en la causa para dar por establecido que los recurridos […]

La gestión pendiente invocada incidía en un juicio ordinario laboral de restitución de cobros indebidos de pensiones seguido ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en el que se encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, donde se impugnó la sentencia que desestimó la demanda por encontrarse prescrita la acción.

Durante la discusión, los parlamentaros se refirieron en detalle a los alcances del proyecto, que en lo fundamental busca agilizar y facilitar el acceso a Decretos que de modificaciones y reasignaciones presupuestarias, mediante el deber de enviarlos a la Comisión Mixta de Presupuestos a más tardar 15 días después de su total tramitación.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional, al estimar que “FONASA se ha arrogado facultades exclusivas y excluyentes de la jurisdicción, pues son los tribunales de justicia los que deben resolver el conflicto planteado”, sobre todo tomando en consideración el precedente de la sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 1613-2008), que frente a un caso similar resolvió de idéntica manera.