Entre 1960 y 1996, este país centroamericano fue el escenario de una cruenta guerra civil, que culminó con sobre 200.000 personas fallecidas. En medio de este conflicto, en diciembre de 1982 un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales atacó la Villa de Dos Erres, torturando, violando y asesinando a 200 personas.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende dejar sin efecto una sentencia interlocutoria de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmando la de primera instancia, hizo lugar a una excepción de corrección del procedimiento y ordenó a los demandante recurrir al procedimiento de mediación contemplado en la Ley N°19.966.
Observan luego que la Carta Fundamental “proclama el derecho del pueblo a manifestar su opinión a través del plebiscito como modalidad de democracia directa”, pero no obstante ello “el sesgo ideológico de quienes la redactaron”, sólo pretendió “reforzar la propia figura del Presidente”.
El requirente -Aerolíneas Principal Chile S.A. (PAL)- sostiene que en el referido proceso y ante la consulta de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) sobre la operación de fusión entre LAN Airlines S.A. (LAN) y TAM Linhas Aéreas S.A. (TAM), dicha Magistratura, junto con dar tramitación a la cuestión planteada, suspendió la operación de fusión consultada y dispuso oficiar a una serie de entidades, incluyendo las empresas aéreas que operen en el país, a objeto de que las mismas, así como otros entes que también tengan interés legítimo, aporten antecedentes.
En lo fundamental, la iniciativa sustituye el Título VI de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de manera que el presupuesto de aquellas esté integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos de la Nación, los que se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas y a satisfacer las capacidades estratégicas de la defensa
“aún cuando la resolución en sí misma no consignara las hipótesis precisas por las que se imponía la multa, ésta se basó en antecedentes que justificaban y explicaban la misma, de los cuales el recurrente tuvo conocimiento oportunamente”.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Viera-Gallo, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por carecer de fundamento plausible, toda vez que formula una cuestión de mera legalidad propia de las atribuciones de los jueces del fondo.
Observa luego que la Ley N°20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, incorpora una serie normas tendientes a “capacitar e insertar laboralmente” a estas personas, en donde el Estado –mediante acciones positivas – debe promover y aplicará “algún tipo de discriminaciones a fin de propender a una verdadera igualdad de oportunidades” entre las personas con discapacidad y las que no la poseen.
El tema quedó pendiente de resolver, pero con el acuerdo de no postergarlo más allá de la siguiente sesión, teniendo en cuenta además que se requeriría efectuar modificaciones al Reglamento del Senado para dar el carácter de permanente a esta Comisión.
«educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios”
