Si bien es efectivo que se requiere conocer la identidad de la persona respecto de quien se deba formalizar una investigación, en este caso esa identidad constaba suficientemente por medio de los documentos a que se refirieron tanto el Defensor Penal Público como el representante del Ministerio Público ante estrados.

En principio, la magistratura estimó que la declaración de interdicción por un criterio puramente asistencialista vulneraba la igualdad ante la ley y los derechos reconocidos en tratados internacionales a las personas con discapacidad mental, sin embargo, el máximo Tribunal advirtió que el solicitante es quien cuida de forma permanente a su hijo, quien es incapaz de valerse por sí mismo, por lo que revirtió la decisión y declaró al solicitante como tutor del requerido.

La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

La retención de la víctima excedió del tiempo imprescindible para la perpetración del robo. Pese a que los acusados contaban con todos los instrumentos para desarrollar la actuación apropiatoria, retuvieron a su víctima, sin duda para lograr una consumación más fácil y carente de riesgo de denuncia policial.

Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.

Es facultad privativa de los sentenciadores de primer grado el establecimiento de los hechos y su calificación jurídica, en virtud del principio de inmediación, correspondiendo al tribunal ad quem sólo indagar si se ha incurrido en errores de derecho que puedan influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Respecto a la consulta sobre la interpretación de una cláusula de un contrato colectivo que establece un bono de desempeño, indica que puede ser aplicable la regla de la conducta (asentada en el Ordinario N°2734 del 2014), que permite modificar o complementar estipulaciones expresas del contrato, por la aplicación práctica que las partes hayan dado al mismo.

Es doctrina constitucional reiterada que la garantía de información y acceso a las actuaciones, constituye un derecho no susceptible de restricción temporal por la declaración de secreto sumarial, como sí pueden serlo otros aspectos del derecho de defensa. Lo es también que el acceso al núcleo esencial de las actuaciones constituye una exigencia constitucional de los incidentes relativos a la privación cautelar de libertad, en tanto que condición de la necesaria igualdad de armas.

Los reclamantes señalaron que las bases de licitación no los obligaban a construir una UTP por escritura pública para ofertar.

Vecinos interpusieron múltiples denuncias por música a alto volumen.