El Ministro Bertelsen es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho de la Universidad de Navarra y profesor de Derecho Constitucional.

El libelo se fundamenta en la infracción de la Constitución, al vulnerarse “el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo, por no velar por el orden público y la interferencia ilícita con una suerte de Estado de Emergencia”.

Observan luego que no existe una apertura y renovación en los concejales, lo que se traduce en que finalmente se envejece nuestro padrón electoral, como la edad promedio de los representantes que se eligen.

El nuevo Ministerio, estará conformado por las subsecretarías de Evaluación Social y de Servicios Sociales, y las secretarías regionales ministeriales de Desarrollo Social.

Observan luego que esta limitación “impide que la competencia electoral genere mayor participación”, destacando que ello restringe “la opción de elegir representantes” y el “proceso de renovación, apertura e integración” a nuestro sistema político; y a la vez que sean “los ciudadanos y no las directivas partidarias” quienes elijan parlamentarios y concejales”.

“no se trata entonces de una legislación contra la vida, por el contrario protege la vida y la dignidad de la mujer. Por tanto, es importante realizar una jerarquización de valores que debe ser considerada por el Estado y dar una respuesta legal a una serie de situaciones que ocurren en nuestro país.”

“se colige que el propósito final de las argumentaciones de la recurrente es promover una nueva valoración de las probanzas allegadas, distinta a la efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta ajena a la casación”.

“el Ejecutivo hace bien en interpretar la necesidad de participación comunal y proponer esta modificación de modo que las consultas se puedan realizar con mayor facilidad”; en todo caso precisó la necesidad de que «el procedimiento que se apruebe sea ágil, expedito y rápido, de modo que dé respuesta a las demandas de la gente”.

En su fallo, el máximo Tribunal consideró que el artículo 8° del precitado cuerpo legal “establece que el Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios y para ello el jefe superior del servicio o jefatura máxima respectiva le remitirá copia del acto administrativo que lo concede y los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2° de esa ley”, que dicen relación con “tener 20 años de servicio a lo menos en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres”.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se impugna la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.