El Tribunal consideró que se había producido una violación de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a la libertad y a la seguridad de las demandantes.
Las declaraciones objeto de la consulta constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, y en caso de reiterarse terminarán afectando el carácter no deliberante exigido.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La recurrida sostuvo que el actor participó en la toma efectuada en uno de sus campus.
Los datos aportados por el recurrente deberán incluirse en un lugar visible de cada una de las publicaciones.
No existe evidencia de ninguna advertencia previa de la empresa para corregir la supuesta desconexión voluntaria.
No era necesario agotar previamente la vía administrativa.
Cuando la persona buscada corre el riesgo de ser sometida a un trato inhumano y degradante en caso de extradición a su país de origen, los tribunales deben desestimar la solicitud de extradición.
Así lo establece una moción de los senadores Juan Castro, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y David Sandoval, quienes señalan que «es importante considerar que la supresión y reemplazo de símbolos patrios como la bandera o el himno nacional, solo ocurren en medio de eventos históricos traumáticos en las sociedades, caracterizados estos por la generación de inestabilidad y sus altas cuotas de incertidumbre”.
Es fundamental que se mantenga a la Controlaría General de la República como un organismo autónomo constitucional debido al crucial rol que cumple al ejercer un contrapeso a las labores y poder de la Administración del Estado.
