«(…)el IGM puede ejecutar cualesquiera de los trabajos propios de su especialidad y cobrar por ellos los precios que fije, los cuales no podrán ser inferiores al costo…»
«La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento ya que resolver la cuestión planteada, aduce, exige necesariamente pronunciarse sobre si debe aplicarse el DFL 850/1997, del Ministerio de Obras Públicas, o el DFL 323, de 1931».
«…el órgano contralor reconoció en un error en la emisión de su dictamen y que examinado el proceso no se ha dado efecto de cosa juzgada a la sentencia aludida, dictada en otros autos, sino que sólo se han considerado hechos contenidos en tal fallo para concluir que los decretos alcaldicios impugnados son nulos por carecer de causa, al quedar sin sustento fáctico.»
“el sentido y alcance del instituto jurisdiccional previsto en la Ley N° 18.971 es el de amparar la garantía constitucional de la libertad económica frente al Estado empresario cuando éste, transgrediendo un principio de la esencia del Orden Público Económico Nacional, como es el de la subsidiaridad, interviene en el campo económico no acatando las limitaciones contempladas en el artículo 19 N°21 inciso 2° de la Carta Fundamental, ya sea por desarrollar esa actividad sin autorización de una ley de quórum calificado o sin sujetarse a la legislación común aplicable en dicho ámbito a los particulares”.
«El TC declaró la inaplicabilidad de la norma referida, luego de establecer que si bien tal precepto fue derogado por el artículo único Nº 17 de la Ley Nº 20.087, a partir del 31 de agosto de 2009, en el territorio jurisdiccional en que tiene lugar la gestión pendiente, de todos modos ella recibió aplicación, desde que el reclamo jurisdiccional de la multa que motivó el presente proceso se interpuso con fecha 28 de agosto de 2009».
«…el fallo aborda la evolución constitucional de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos y seguridad social. Respecto a ella –consagrada en el actual art. 65 de la CPR, y a juicio del actual primer Mandatario aquí desconocida por el Senado– se señala que no es sino continuadora de una tendencia histórico-institucional que comienza a configurarse desde la Carta de 1925 y, en especial, a partir del año 1943».
Estiman que de aplicárseles las normas impugnadas se vulnera la igualdad ante la ley, como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto se les veda de ejercer su derecho a la identidad, privándolos de las acciones procesales para tales efectos.
“resulta jurídicamente inaceptable que la elaboración del mismo no haya contado con la participación y consulta a los pueblos originarios, según lo dispuesto por los artículos 6° y 7° del Convenio, en circunstancias que por tratarse de un acto administrativo debió contemplarla”.
El sistema ofrecería variadas garantías, entre ellas: el Estado podrá saber el costo de defender a las personas; el solicitante podrá optar al abogado que consideren más apto para defender sus derechos, lo que generaría transparencia y terminaría con la desigualdad, ya que las personas de escasos recursos podrán acceder a abogados que antes no podían.
“no se encuentra acreditado por quien acciona que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino objeto de estos autos”.
