Observa luego que en la actualidad “los accidentes y daños a la propiedad pública y privada generados a partir de la conducción de vehículos en estado de ebriedad, genera perniciosos efectos para quienes los sufren”, siendo necesario “paliar esta situación de un modo efectivo”.
En su fallo, el tribunal de alzada razona que el artículo 8° de la Constitución, no obstante consagrar el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establece la posibilidad que, en virtud de una ley de quórum calificado, pueda limitarse éste principio, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
Con la exposición del médico Marcelo Muñoz, Coordinador de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Diego Portales y Miembro de la Comisión de Ética de la Clínica Las Condes, el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, se reunió para continuar con el análisis de la Ley N° […]
La iniciativa también observó que producto de la pronta implementación del “nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario”, es necesario tomar medidas para que la abstención no aumente “significativamente en el caso de una elección en Enero”.
La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejercito que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.
El TC admitió a trámite requerimiento de inaplicabilidad promovido por el Juez de Policía Local de María Pinto con el objeto de que la Magistratura Constitucional se pronuncie sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que pudieran derivarse de los artículos 207, letra b), de la Ley Nº 18.290, del Tránsito; y de los […]
De aplicársele la norma legal impugnada, expone la requirente, se vulnerará su derecho de propiedad y el principio de juridicidad.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en el cual los herederos de un trabajador fallecido en un accidente del trabajo pretenden obtener de la empresa subcontratista y, subsidiariamente, de la compañía principal una indemnización por el daño causado.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante el Tribunal de Garantía de Graneros mediante el cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad penal del requirente por infracción a las normas impugnadas.
“impide considerar que el actor tiene un derecho de carácter indubitado”, por lo que “una contienda así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales”,
