La Comisión Experta votó y despachó el pasado martes el acápite sobre Fundamentos del Orden Constitucional. Entre otras cosas, el capítulo consagró el reconocimiento a los pueblos indígenas, la autonomía de las agrupaciones sociales, la familia como núcleo de la sociedad, la dignidad de la persona y el Estado Social y Democrático de Derecho.
Aceptar que todos los funcionarios que prestan servicios a contrata en la Presidencia de la República son de exclusiva confianza, implica admitir que es la autoridad administrativa, a través del nombramiento, quien crea este tipo de cargos, cuestión insostenible, toda vez que es la ley la que así ha de establecerlo.
La autoridad pública generó expectativas en el administrado no sólo por haber concedido el beneficio, sino también por el tiempo en que este se extendió sin dificultades, consolidando una situación y una especie de derecho adquirido en favor del encartado que confía que este se mantendrá mientras cumpla las exigencias impuestas.
El Juez civil es el competente para recibir alegaciones o peticiones en la materia, y no las Cortes en sede cautelar.
No se explica en la decisión impugnada cuáles son los datos que surgen de la prueba que permitan descartar, con la certeza requerida para dictar una condena, que el hijo no murió por una hipoxia fetal de base, no provocada por la aspiración de líquido amniótico meconial.
El inciso 2° del artículo 1018 establece una exigencia precisa, cual es, el mencionar en el testamento la circunstancia de no saber o no poder firmar el testador, disposición legal que el tribunal no puede omitir, aunque el testador sea ciego, debido a que es una de las formalidades esenciales del acto solemne.
Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.
El tribunal competente ponderó los antecedentes allegados por las partes y las alegaciones de la defensa, en el marco de un proceso ajustado a los principios que lo informan y dentro del ámbito de potestades legales de que el tribunal dispone.
La motivación exigida por el TFUE debe ser adecuada al acto de que se trate y debe revelar de forma clara e inequívoca la motivación seguida por la institución que adoptó la medida, de tal manera que permita a las personas interesadas determinar los motivos de la misma y que el tribunal competente pueda ejercer su poder de revisión.
El municipio ordenó directamente desocupar el espacio que ocupa un carro en un parque que previamente había autorizado sin que exista acto administrativo previo que revocara el permiso, lo que vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita del recurrente.
