Ningún otro órgano jurisdiccional de inferior nivel jerárquico puede desconocer la atribución del Presidente, puesto que, la facultad presidencial prevista en el art.148 de la Constitución privilegió, por sobre el control judicial, el control democrático que deberá ser ejercido por la ciudadanía a través de su voto en las urnas.

Ha quedado acreditado en autos que, contrariamente a lo expresado por las accionadas al contestar la acción, la tarjeta en cuestión había sido no solo emitida, sino dada de alta y posteriormente inhabilitada. Expresó el experto que figuraban dos tarjetas en el sistema a nombre del actor, una de las cuales era la que había motivado el reclamo de autos y que había sido emitida, como se mencionó, por la entidad referida.

La ley regirá en los treinta días posteriores a la total tramitación y publicación del reglamento respectivo.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

El Fiscal Nacional Económico es abogado de la Universidad de Chile (2007), Máster en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Harvard (2010) y Máster en Regulación y Competencia (LL.M.) de la Universidad de Nueva York (2011).

El Tribunal de alzada estableció que las publicaciones constituyen actos vulneratorios del derecho a la propia imagen y a la honra del recurrente.

Según las autoridades de Estados Unidos, Chile no ha proporcionado antecedentes suficientes para identificar a los “lanzas internacionales” que ingresan al país a cometer ilícitos, aprovechando las facilidades de entrada que les confiere la Visa Waiver. Esta falta de información ha afectado la capacidad acusatoria de los fiscales intervinientes.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia que rechazó la demanda, tras constatar que en la especie se cumplen los requisitos para tener por probada la responsabilidad del centro turístico en el accidente.

Formó una asociación con su abogado y funcionarios judiciales para obtener información sobre las investigaciones penales en su contra, a través de escuchas telefónicas y otros medios ilegales. Si bien la defensa anunció que recurrirá el fallo vía casación, la condena constituye un duro golpe para sus futuras aspiraciones políticas.

El Tribunal de alzada desestimó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora al sanción a la empresa por extralimitarse en la información que, por ley, está autoriza a entregar a los afiliados.