La interferencia en los derechos fundamentales del personal de salud está justificada por la protección de los grupos más vulnerables a la pandemia, lo que constituye un interés jurídico de mayor trascendencia que debe ser cautelado por el legislador, dado que está en riesgo el bien común.

Si bien los artículos 200 y 201 del Código Tributario establecen el plazo de 3 años de prescripción para las acciones que tienen en la materia tanto el SII como la TGR, al haberse imputado el abono al impuesto adeudado, tal acto tuvo la virtud de interrumpir el plazo de prescripción.

El artículo 143 del DFL N°1 de 2005 es claro en señalar que la Corte de Apelaciones, conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución del ministro, falla el asunto en única instancia, por lo que no es posible recurrir vía casación en contra de aquella sentencia.

A fin de que el SERVEL cuente con un mecanismo confiable para el registro de votantes.

El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.

Se constató que un becario AECID cumplió funciones de empleado durante su estadía en una repartición publica, en la que debía cumplir una jornada laboral bajo supervisión directa.

La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado establecer una estrategia para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población y la soberanía alimentaria para el disfrute de una vida sana.

El informe sostiene que se puede observar que la iniciativa legal propone robustecer la regulación de la ley de control de armas haciéndola más restrictiva, y lo consultado a esta Corte va en concordancia con lo que ha sido la línea seguida por este tribunal, en el sentido de que la jurisdicción militar en tiempos de paz, debe ser restringida y limitada a los asuntos en que los partícipes sean exclusivamente personal militar.

El Tribunal de alzada desestimó las infracciones invocadas por la recurrente para anular la sentencia de primer grado, dictada por Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio recurrido al denegar el reconocimiento solicitado, basado en una interpretación normativa que no se encuentra vigente.