Corte de Punta Arenas señaló que hechos no son susceptibles de ser conocidos en sede de protección.
Corte de Arica estimó que no existen claras vulneraciones y que argumentos de la recurrente serían sólo prejuicios.
Corte de Santiago señaló que no existe un derecho indubitado que resguardar.
Corte de San Miguel señaló que la protección no es la vía idónea para impugnar estas decisiones administrativas.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución.
El fallecimiento del trabajador se produjo en el lugar del accidente y la prueba no permitió determinar el tiempo trascurrido entre el atrapamiento y la muerte, ni si acaso en ese lapso estuvo o no consciente y por lo tanto si sufrió dolor físico y psicológico, ni tampoco se determinó un tiempo de agonía.
La ley autoriza expresamente al hijo para dirigir la acción de reclamación en contra de los herederos del presunto padre si éste fallece antes de la demanda.
El fallo señala que no es una cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes.
Razona el fallo que el artículo 5° de la ley N°19.537, por lo que resulta que la medida adoptada por la recurrida, relativa al corte de electricidad por no pago de rentas de arrendamiento es ilegal e importa el ejercicio de un acto ilícito autotutelar que no encuentra respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.
El fallo concluye que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e arbitraria al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.
