La ley regirá en los treinta días posteriores a la total tramitación y publicación del reglamento respectivo.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
El Fiscal Nacional Económico es abogado de la Universidad de Chile (2007), Máster en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Harvard (2010) y Máster en Regulación y Competencia (LL.M.) de la Universidad de Nueva York (2011).
El Tribunal de alzada estableció que las publicaciones constituyen actos vulneratorios del derecho a la propia imagen y a la honra del recurrente.
Según las autoridades de Estados Unidos, Chile no ha proporcionado antecedentes suficientes para identificar a los “lanzas internacionales” que ingresan al país a cometer ilícitos, aprovechando las facilidades de entrada que les confiere la Visa Waiver. Esta falta de información ha afectado la capacidad acusatoria de los fiscales intervinientes.
El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia que rechazó la demanda, tras constatar que en la especie se cumplen los requisitos para tener por probada la responsabilidad del centro turístico en el accidente.
Formó una asociación con su abogado y funcionarios judiciales para obtener información sobre las investigaciones penales en su contra, a través de escuchas telefónicas y otros medios ilegales. Si bien la defensa anunció que recurrirá el fallo vía casación, la condena constituye un duro golpe para sus futuras aspiraciones políticas.
El Tribunal de alzada desestimó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora al sanción a la empresa por extralimitarse en la información que, por ley, está autoriza a entregar a los afiliados.
En terreno se verificó la muerte de 105 aves de la especie Cormorán Guanay en la zona de aducción de agua para el complejo termoeléctrico, mientras que otras especies como un chungungo se encontraban en la misma zona, desorientadas, pero lograron ser rescatadas por el SAG. Por ello, la SMA solicitó medidas de contingencias de corto y largo plazo, que eviten la muerte de especies en peligro o amenazadas.
La Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras establecer que la excepción de prescripción opera a los tres años, a contar de la fecha del reporte tardío y no desde cuando se realizaron las gestiones cuestionadas.
