Respecto del Control del Gasto Electoral, Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, Ley General de Pesca y Agricultura, Medio Ambiente y Código Penal.
La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.
Entre los hechos objeto de acusación y los enjuiciados ha de existir esencial identidad. Ni siquiera puede desligarse el Tribunal de esa vinculación al sustrato fáctico. No está habilitado para introducir hechos nuevos incriminatorios. Admitirlo supondría un quiebre del principio acusatorio y, singularmente, del derecho de defensa.
¿Cuál es la discusión actual, en torno a la jerarquía normativa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el marco del proceso constitucional chileno?
La verdad judicial es aquella que emerge al final de un juicio en forma de sentencia. Y es la consecuencia lógica de las pruebas practicadas durante su celebración. La verdad material, por su parte, es aquella que se corresponde con la realidad de los hechos.
El requirente alega que infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, ya que si bien fue condenado penalmente, de conformidad al principio non bis in idem no puede el Estado sancionarlo dos veces por el mismo hecho.
Personal de Carabineros solicitó permiso para ingresar al domicilio del acusado tras percibir fuertes olores a cannabis desde las afueras del lugar, percatándose al momento del ingreso que el imputado mantenía cultivos indoor en diferentes habitaciones de la casa.
Al iniciarse la causa con anterioridad a la entrada de en vigor del estado de excepción de catástrofe -marzo de 2020-, no se puede aplicar la suspensión de plazos judiciales contemplada en el artículo 8 de la Ley Nº21.226.
Los ministros recurridos confirmaron el fallo de base sin referirse a la excepción opuesta por el apelante en segunda instancia, infringiendo el principio de inexcusabilidad, así como lo prescrito en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que permite la tramitación incidental de excepciones deducidas en segunda instancia.
La reforma confiere mayores poderes a los custodios, quienes estarán facultados para utilizar fuerza razonable en caso que el delincuente se negare a sentarse en el banquillo. En última instancia, se podrá facilitar un enlace de video para que asistan en forma telemática. Si el criminal se resiste a comparecer, arriesgará una pena extra de 2 años de cárcel.
