La Cámara pidió la adopción de la medida como consecuencia de los efectos económicos derivados de la pandemia de Covid-19.
Durante la jornada de juramento de los legisladores, además, deberán elegir a la nueva mesa.
El requirente alega que la aplicación de la norma impugnada ha permitido incumplir los plazos establecidos en la ley, vulnerando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
En la especie, el actor alegó no tener vinculación alguna con la ejecutada en la actualidad.
La controversia no es de competencia constitucional por no existir derechos indubitados.
La extensión temporal de la omisión constatada conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del actor, al mantenerse la situación de indefinición en la respuesta de la Autoridad frente a una obligación legal.
El requirente alega que se le obliga a revelar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
Además, el municipio mantuvo en todo tiempo las fiscalizaciones al comercio informal.
Se trata de una votación popular prevista en la Ley N°18.700, que se llevó a cabo durante la vigencia de los contratos de los recurrentes.
Además, la acción fue interpuesta con posterioridad al plazo de 30 días establecido por la Constitución y el Auto Acordado respectivo.
