La Corte de Concepción indicó en su sentencia que, en efecto el recurrente debió hacer uso de las herramientas o acciones legales y recursos procesales, ordinarios o extraordinarios, que sean procedentes.
La Corte Suprema señaló que, al no haber proporcionado la recurrida el formulario señalado en el artículo 37 de la Ley N° 20.430 como en su Reglamento, imposibilitó de este modo que se dé inicio a la tramitación del procedimiento.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso.
De esta manera, el máximo Tribunal ibérico corrigió la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas que sí condenó a los recurrentes por el delito de falsedad documental.
Esto, pues la ley N° 21.040 sostiene que funcionarios traspasados continuarán afectos al régimen laboral al que se encontraban sujeto con anterioridad a la reubicación.
La Corte de Antofagasta indicó que, puede predicarse que la actuación del órgano contralor sea ilegal o arbitraria.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 y 24.
El objetivo principal del proyecto ingresado es el perfeccionamiento del derecho penal económico sustantivo.
El objetivo principal del proyecto ingresado es facilitar el trabajo investigativo.
El objetivo principal del proyecto ingresado es dar protección a las personas que se encuentren desempeñando sus funciones, o en el trayecto hacia o desde su lugar de trabajo.
