En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal señaló que, la decisión impugnada careció de pronunciamiento sobre la materia o materias de derecho.
Los recurrentes estimaron vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2, 3, 14 y 26 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal señaló que, se estableció invariablemente, por la doctrina y la jurisprudencia, que el tribunal de casación no podrá, discutir el valor que el tribunal de la instancia correspondiente atribuyó a la prueba allegada por las partes en relación con sus derechos ejercitados en juicio.
Por unanimidad.
La Superintendencia consulta sobre la idoneidad de la sanción aplicada, dada la capacidad económica del titular sancionado, una amonestación pecuniaria podría no ser efectiva para solucionar el problema de fondo.
Dado el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley N° 20.027 respecto de las normas generales.
Recurrente pidió que se ordenara a las recurridas eliminar de todos sus registros o antecedentes el número telefónico y el correo del recurrente.
La recurrida reconoció el problema.
La decisión impugnada no contiene ninguna interpretación sobre la materia de derecho planteada por el recurrente.
