La Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha reconocido que una conducta de colaboración implica, por un lado, un propósito serio y verdadero de contribuir en el desarrollo de la investigación y del juicio, es decir, tener una disposición subjetiva y, por otra parte, que este aporte sea efectivo para esclarecerlos, en términos que el Tribunal pueda apreciarlo y calificarlo como sustancial, vale decir, que sea trascendente.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que, al no haberse formalizado la investigación, la decisión de no perseverar en el procedimiento hace imposible el ejercicio del derecho a la acción penal por parte de la víctima.

Como corolario propio del principio de legalidad, las instituciones de educación superior deben señalar en sus normas internas, de forma expresa y previa, las conductas que considera como faltas disciplinarias. También deben establecer, con precisión, las sanciones que corresponden a esas faltas. Y, por último, deben indicar un procedimiento adecuado para adelantar el trámite disciplinario.

Se trasluce una crítica al procedimiento anterior al juicio oral, al reprochar la resolución que citó a la audiencia de factibilidad técnica, a la que asistió pudiendo ejercer sus derechos como defensa, sin que se vislumbren en el recurso, alegaciones ni argumentos respecto de situaciones que pudieran haberle impedido ejercer sus facultades como defensor durante el juicio oral.

Las autoridades estonias no identificaron ni examinaron las circunstancias particulares del caso, ni evaluaron los diversos derechos e intereses de las personas involucradas, incluidos los del solicitante, en cualquiera de los dos procedimientos que permitieron la adopción o los relativos a su nulidad. Por tanto, se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio.

La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.

La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal del grado al rechazar la revisión de la condena, sin atender a la dictación del nuevo artículo 8 de la Ley 20.000, que dejó sin sanción penal el cultivo de drogas para fines medicinales.

La Primera Sala del tribunal de alzada stableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar el financiamiento del fármaco, afectando el derecho a la vida e integridad física y síquica del menor.

Para el pleno de ministros, el proyecto de ley busca salvar un vacío en la legislación ambiental, vinculado a los mecanismos de impugnación de la sentencia definitiva dictada por los Tribunales Ambientales, cuando conocen de materias reguladas en leyes especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 N° 11 LTA, y en los cuales no se ha establecido un mecanismo de impugnación de la misma.