La autoridad puede escuchar cualquier reclamo presentado ante ella, incluso posibles violaciones a la ley federal. Y si adjudica incorrectamente los permisos, el demandante agraviado tiene la oportunidad de apelar directamente ante un tribunal federal de apelaciones. Si las Adoratrices hubieran participado en el proceso administrativo, la autoridad podría haber denegado o modificado las condiciones del certificado de autorización conferido a la empresa.

Con posterioridad a este trámite solo la autoridad administrativa (del respectivo órgano o servicio) podrá revocar, modificar o dejar sin efecto una resolución o decreto

La señal televisiva negó la afectación a la privacidad de los involucrados en las notas periodísticas, toda vez que, por tratarse de un medio de prensa no resulta aplicable la Ley sobre Protección a la Vida Privada y, por informarse sobre hechos delictuales, estos tampoco se consideraban parte de la esfera privada de los afectados.

La denunciada alegó que la no entrega del producto no configura un incumplimiento al contrato, puesto que en la página web, desde donde la consumidora efectuó la compra, se encuentra claramente establecido que las promociones son “hasta agotar stock”.

El amparado se encuentra cursando primer año de enseñanza media y realiza labores de albañilería y madera en el CET, sumado a que tiene un grupo familiar que le brindaría apoyo a objeto de evitar posibles conductas de riesgo.

El Estatuto del Partido Radical establece que las sanciones impuestas por un Tribunal de Disciplina Regional no producen efecto mientras no sean ratificadas por el Tribunal Supremo de la colectividad, por tanto, mientras ello no ocurra no hay derechos constitucionales que hayan sido afectados.

El reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias.

La agresión alegada ocurrió en el año 2017, respecto de la cual conoció la CIDH y dispuso medidas, cuyas gestiones fueron realizadas.

Respecto a las comisiones evaluadoras de las adquisiciones complejas o superiores a 1000 UTM de las corporaciones municipales, deberán ser integradas por miembros de estas entidades privadas, no obstante, de que estos funcionarios al asemejarse a los públicos les resulta aplicable la Ley del Lobby como sujetos pasivos.

La edificación no se encuentra tipificada dentro de las causales que obligan a ingresar al SEIA. Además, la recurrente no aportó prueba del impacto ambiental específico que provocaría en el Campo Dunar, por lo que no existe una vulneración al artículo 19 N°8 de la Constitución.