Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan con las leyes laborales -como exige el precepto legal impugnado- de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos que vulneren los derechos de los trabajadores

Concejales acusaron a la Alcaldesa de notable abandono de deberes y contravenciones graves a la probidad administrativa.

Restringe el acceso a los migrantes que no califican para solicitar asilo y simplifica los mecanismos de expulsión. También elimina los criterios de elegibilidad basados en los vínculos familiares y económicos.

A la mora de la obligación se le adicionan reajustes e intereses. Al ser una obligación accesoria, opera automáticamente sin ningún tipo de procedimiento adicional, y los intereses se deben por todo el tiempo de la mora desde que se determine el mes calendario de su vencimiento.

La Superintendencia permitió su uso para realizar clases online con motivo de la pandemia.

Se decretaron medidas provisionales preprocedimentales las que no fueron cumplidas en el plazo establecido por lo que se dio inicio a un procedimiento sancionatorio.

Establece una pensión de $160.000 para los hijos e hijas menores de 18 años de la víctima de femicidio consumado y suicidio femicida, y el derecho a la protección del trabajo de las víctimas de femicidio frustrado.

El principio de separación de religión y política, reconocido en la Constitución, describe la separación entre religión y política donde no hay interferencia o influencia mutua. De conformidad con este principio, el Estado no debe conferir privilegios a una religión en particular y debe mantener la neutralidad hacia la religión. Esta neutralidad es necesaria para la plena realización de la libertad religiosa.

Cabe destacar que la resolución reclamada acogió parcialmente la reclamación administrativa, pues se constató la omisión de la observación ciudadana asociada a la realización de un Proceso de Consulta Indígena, materia que fue omitida tanto en el Informe Consolidado de Evaluación como en la RCA que aprobó el proyecto. Así, modificó la RCA, incluyendo la evaluación técnica de dicha observación, a través de la cual descartó la procedencia de dicho proceso por no existir susceptibilidad de afectación directa a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de protección deducido, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al denegar el financiamiento para la adquisición y suministro del fármaco Eculizumab, recomendado por el médico tratante.