La gestión invocada incide en querella seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago y actualmente pendiente, en virtud de la apelación impetrada por el requirente, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la obra Bustos realiza un análisis de la exigibilidad de los derechos sociales constitucionales y el papel que le cabe a la justicia constitucional en su protección.
Concluye el fallo arguyendo que no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores.
Cabe señalar que el mensaje establece la denominada “ley de cuotas” y pretende obligar a los partidos políticos a presentar un mínimo de un 40% de candidatos por género.
La Corte Suprema acogió el arbitrio de nulidad sustancial al estimar que, de acuerdo a los supuestos fácticos y jurídicos asentados en la sentencia de mérito, “la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica”.
El Pleno del Tribunal Constitucional español acogió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de ese país en contra de la Comunidad Autónoma de Cataluña por la imposición de nuevos tributos.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye que las disposiciones contenidas en los números 6), 14) y 19) del artículo 1° del proyecto de ley remitido, arriba transcritas, no inciden en materias propias de la ley orgánica constitucional.
La causa se origina en una reclamación de la Municipalidad de Tocopilla, a la que se acumularon las actuaciones de las Municipalidades de Huasco y Puchuncaví.
La PDI en sus descargos señaló primeramente que no destruye las evidencias recopiladas.
El “plan estadio seguro” ha tenido como principal objetivo combatir la delincuencia para recuperar el ambiente festivo, familiar, y seguro durante la celebración de algún evento futbolístico.
