La ejecutada fue eliminada académicamente del programa luego de reprobar uno de los módulos, razón por la que era improcedente el cobro de la multa pactada por no presentarse a cumplir con el periodo asistencial obligatorio, al cual sólo están obligados los egresados de dicha especialidad.

El recurrente alegó que, a falta de norma en la Ley N° 19.496, resultaba aplicable el artículo 33 de la Ley N° 18.287, que establece que son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley del Tránsito que sólo impongan multa.

Pese a que el municipio terminó unilateralmente el convenio de prestación de servicios con la contratista debido a los reiterados incumplimientos hacia sus empleados, tal acto no lo libra de su deber de vigilancia y protección de los derechos de aquellos trabajadores, en función a las normas del trabajo en régimen de subcontratación reconocido en el artículo 183-B del Código del ramo.

La invalidación de un acto administrativo puede ser total o parcial. La invalidación parcial no afecta las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

En caso que los requerimientos se declaren admisibles, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse luego sobre el fondo de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.

Es de normal ocurrencia que se detenga, controle su detención y se formalice a más de un imputado, sin tenerse la absoluta certeza de su identidad, especialmente tratándose de menores de edad que aún no han sido incluidos debidamente en el Registro Civil, informa el recurrido.

Resolver que por la sola circunstancia de un fallo que aún no adquiere el carácter de firme se imponga el cumplimiento efectivo de una condena, constituya una variación de circunstancias que hagan procedente la prisión preventiva, implica un cumplimiento anticipado de la pena.

El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.

Cualquier acción política o de manifestación de las reivindicaciones de los recurridos, dentro del marco del Estado de Derecho, debe ejecutarse de un modo compatible con el pleno respeto de los derechos constitucionales de la parte recurrente o de cualquier tercero.

La Corte determinó que, efectuada la ponderación de los derechos involucrados, resulta aconsejable hacer prevalecer dicho interés superior de la niña por sobre el derecho de propiedad de que es titular el recurrente.