El retardo en la entrega de la evidencia conlleva una sanción al funcionario infractor, pero no implica la invalidación de la cadena de custodia. Asimismo, un error de tipeo en la cantidad de contenedores de marihuana incautados no puede ser estimado como una infracción al debido proceso, pues no desvirtúa la comisión del ilícito de tráfico de drogas por el que fue condenado el acusado.

La ausencia de antecedentes médicos o peritajes respecto de las autoagresiones o del daño asociado a vulneración de índole sexual, no impide su establecimiento por otros medios idóneos.

Los empleadores deben facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad a través de “ajustes razonables” que se integran en el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación de las personas con discapacidad allí donde sean necesarios para garantizar su ejercicio.

No puede excusarse de aplicar la ley, por estricta que parezca, dado que ese tipo de consideraciones obedecen a razones de política criminal, que corresponden al legislador.

Si bien respecto del delito de fraude procesal no se exige el resultado (la providencia judicial pretendida), sólo debe considerarse consumado, cuando el autor en desarrollo de su actividad fraudulenta y dolosa, induzca en error al funcionario.

El tribunal de primer grado requirió a la receptora judicial informe que indique la fecha de notificación de la sentencia definitiva a las partes, previo a proveer el recurso de apelación deducido por el actor, el que aquella presentó luego de 10 meses, por lo que no puede acusarse inactividad del actor para fundar el abandono del procedimiento.

Las plataformas han estado utilizando los resultados de búsqueda para influir negativamente en la percepción de la ley por parte de los usuarios”, además de existir indicios de que estarían faltando deliberadamente al respeto a sus propias reglas de conducta y restricciones a la publicidad en beneficio propio.

La empresa celebró en 2017 un contrato de mutuo con el demandado condicionando el cobro a la continuidad de la relación laboral, la que terminó en 2018, por lo tanto, el cobro de la suma adeudada es competencia de un tribunal civil, en función del título ejecutivo invocado y las reglas de competencia de los artículos 108 y siguientes del COT.

No se respetaron los estatutos para dirimir el empate entre candidatos, lo que influye en el resultado general de la elección y designación.

Solo basta iniciar la tramitación de la posesión efectiva para detener los plazos.