La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales.
El derecho a la seguridad jurídica impone el deber a la judicatura de aplicar, en lo sustantivo, las normas que se encontraban vigentes al momento de suscitarse el acto jurídico a ser analizado; y no la normativa vigente a la época de la reclamación.
Las poblaciones indígenas merecen una especial protección constitucional ante las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran actualmente.
No cumple con los requisitos exigidos por el artículo 80 de la Ley Nº17.997, en cuanto no indica con precisión los preceptos legales impugnados.
La prevalencia de la libertad de información sobre el derecho al honor, exige que la información emitida cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, la que protege la emisión de opiniones.
Se prevé para el personal que haya prestado atención sanitaria producto de la pandemia que afecta al país.
El permiso tiene una duración máxima de hasta tres meses.
El gobierno canadiense expresó su repudio a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla un castigo cruel e inhumano.
El artículo 53 de la Ley 19.880 sólo otorga acción para impugnar el acto invalidatorio, pero el legislador no contempla una acción para el caso de que la autoridad decida no ejercitar la señalada atribución.
La posesión no merece tutela constitucional, precisamente porque no está dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad.
