El proyecto de ley define a los Tribunales Ambientales como órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales que la ley somete a su conocimiento.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de nulidad de derecho público seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se pretende anular una serie de actos y procedimientos administrativos realizados, tanto por la SVS como por la Tesorería General de la República, en el marco de un procedimiento de reliquidación y posterior cobro de multa e intereses dispuesto en contra del afectado por la SVS.
«…por cuanto se establece un requisito previo a la interposición de acciones judiciales derivadas de perjuicios sufridos a consecuencia de prestaciones médicas, lo que establece una diferencia entre los titulares de derechos derivados de perjuicios producidos por prestadores de otros servicios, ya que éstos no están obligados a realizar la mediación mencionada».
La gestión pendiente invocada incide en una reclamación tributaria pendiente de resolución ante el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco.
“no significa imponer a la empresa la obligación de solventar con su peculio un consumo que no le corresponde, sino sólo reprocharle que no puede justificarse en ello para efectuar el corte de energía por sí misma, debiendo recurrir a los tribunales de justicia para obtener el resguardo de sus intereses en un procedimiento en que ambas partes sean oídas”.
El artículo 5° de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dispone que los Ministros del TC deberán elegir de entre ellos un Presidente por mayoría absoluta de votos, y en el evento, que ninguno de los candidatos obtenga el quórum necesario para ser elegido, se realizará una nueva votación, circunscrita a quienes hayan […]
“es la primera vez que una Ministra es designada como senadora” y que el artículo 59 del texto político “prohíbe tajantemente que un diputado o senador pueda ser nombrado en un cargo dependiente del Presidente de la República, como ministro de Estado, salvo en caso de guerra exterior”.
Observa luego que para determinar los trazados y establecer medidas preventivas de los impactos evidentes que una actividad como el Rally Dakar, no se consideró la opinión de los pueblos originarios ni tampoco la del Consejo de Monumentos y de la CONADI.
Observa luego, que el ejercicio de la función investigativa “se encuentra radicada en los funcionarios del Ministerio Público pertenecientes a los estamentos auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, quienes realizan, como tareas esenciales, labores de tramitación de causas penales, con lo que se hace aún más plausible equiparar las funciones que se cumplen al interior de las fiscalías a las propias de una práctica profesional” y que por “razones de economía hacen procedente que los propios funcionarios de una Fiscalía cumplan su práctica profesional al interior de la mismas”.
En lo fundamental la iniciativa pretende que el Congreso pueda tener acceso detallado de la información respecto de cómo y en qué se utilizan los recursos contenidos en la Ley de Presupuestos.
