La ratificación del presente tratado es una de las obligaciones derivadas de la Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ), ratificada por Chile el 12 de julio de 1996 y publicada en el Diario Oficial de 11 de marzo de 1997.

Observa luego que la precitada norma no establece responsabilidades de ningún tipo por lo que ocurra en la manifestación, sin que nadie asuma los costos de los daños producidos con ocasión de marchas en lugares públicos y que en los últimos días muchos personas han visto afectados sus bienes, derechos y libertades, con pérdidas económicas por los desordenes con ocasión de las manifestaciones, siendo necesario velar por el derecho de reunión, pero también por el orden público, las libertades y los derechos de los demás.

«…no existe infracción del derecho a emitir opinión y de informar, sin censura previa ni tampoco respecto del derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, por cuanto la reunión a la que citó la alumna se llevó a efecto, reprochándose sólo el hecho de no haber pedido la autorización correspondiente, “lo que tiene pleno asidero si se considera que se trata de un recinto privado en que para tales efectos, obviamente, debe solicitarse autorización a su dueño”.

«…manifestaron que la policía uniformada estaría realizando intervenciones telefónicas a parlamentarios y que utilizaría a infiltrados en manifestaciones sociales».

«… podrá ser formalizado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de conducción en estado de ebriedad».

«En definitiva, establece el marco dentro del cual se pueden celebrar dichas consultas, delegando en una ordenanza la regulación específica a cada municipalidad, conforme a su criterio considere más adecuada, garantizando así su autonomía».

Observa luego que en muchos Estados “se discuten mecanismos para aumentar la participación electoral, en la búsqueda de una mayor estabilidad democrática” mediante incentivos específicos que beneficien a los ciudadanos que concurran a emitir su voto.

Observa luego que países como México, Uruguay y Argentina, tiene legislaciones vanguardistas y pioneras en materia de protección de datos y han creado Agencias u organismos especializado en su protección y que contribuido de gran manera mejorar sustancialmente el nivel de transparencia en las operaciones de transferencias de datos y de cómo hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos, o tratamiento errado o desviado de los mismos.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional al estimar que la decisión del Ejercito -“darlo de baja”- sin haberlo previamente notificado para que pueda ejercer sus derechos ha implicado que se lo separe de las “filas sin este importante tramite, vulnerándose de esta manera la garantía constitucional del debido proceso”.

“entender de esa manera la norma constitucional importaría un desconocimiento a la capacidad del imputado adulto a colaborar con una investigación, por la vía de renunciar a algunos de sus derechos”