La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional al estimar que la decisión del Ejercito -“darlo de baja”- sin haberlo previamente notificado para que pueda ejercer sus derechos ha implicado que se lo separe de las “filas sin este importante tramite, vulnerándose de esta manera la garantía constitucional del debido proceso”.

“entender de esa manera la norma constitucional importaría un desconocimiento a la capacidad del imputado adulto a colaborar con una investigación, por la vía de renunciar a algunos de sus derechos”

«concluye el Ministro disidente, como reiteradamente lo ha declarado el TC, la interpretación legal no queda comprendida dentro de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental.»

“según la información proporcionada por la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, el incidente fue debido a un error en la consideración de la cantidad de combustible requerida, por parte del piloto de la aeronave que conducía al Presidente de la República”.

Observa luego que ante “esta evidencia es que en diversos países, los ordenamientos constitucionales se establecen mecanismos de participación a través de las instituciones de la democracia semidirecta, pues existen conflictos de naturaleza política, que la democracia representativa no puede resolver”.

La iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y fue despachado en tercer trámite constitucional por el Senado, después de aprobar la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, consignó su opinión respecto de la iniciativa informándolo favorablemente, pero formulando ciertas observaciones de las que dejó constancia en su oficio.

«La Sala designada por el Presidente del TC no admitió a trámite la acción deducida, pues el certificado acompañado por la requirente no da debido cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 79 de la LOCTC…»

«(…)el IGM puede ejecutar cualesquiera de los trabajos propios de su especialidad y cobrar por ellos los precios que fije, los cuales no podrán ser inferiores al costo…»

«La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento ya que resolver la cuestión planteada, aduce, exige necesariamente pronunciarse sobre si debe aplicarse el DFL 850/1997, del Ministerio de Obras Públicas, o el DFL 323, de 1931».

«…el órgano contralor reconoció en un error en la emisión de su dictamen y que examinado el proceso no se ha dado efecto de cosa juzgada a la sentencia aludida, dictada en otros autos, sino que sólo se han considerado hechos contenidos en tal fallo para concluir que los decretos alcaldicios impugnados son nulos por carecer de causa, al quedar sin sustento fáctico.»