La evaluación se efectuó aplicando la “técnica del cliente oculto”, mediante la cual equipos especialmente entrenados de auditores de calidad simularon ser usuarios e hicieron uso en forma anónima y normal de las distintas vías que tienen los ciudadanos para solicitar información a los servicios públicos.
La acción de amparo económico no es “un remedio eficaz disponible a favor de un particular para la protección de la aludida garantía, desde que no se entregó al órgano jurisdiccional la facultad de adoptar providencias cautelares urgentes e inmediatas para otorgar resguardo al afectado”, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de protección.
El CPLT adoptó decisión en relación a diversos amparos de acceso a la información interpuestos en contra de distintas instituciones públicas por la entrega incompleta de información referida a mail institucionales, memos, oficios, cartas y otros documentos, incluyendo los informes de los profesionales técnicos y evaluadores, la citaciones a reuniones, las actas de tales reuniones […]
La Primera Sala del TC, luego de recabar antecedentes de la Superintendencia respectiva, observa que efectivamente el cambio del precio del plan de salud se fundamenta en el término del convenio entre la Isapre y el prestador preferente de salud, mas no obedece a un cambio de tramo de edad, no obstante lo cual declaró admisible la acción y confirió traslado acerca del fondo del conflicto constitucional planteado.
Existiendo entonces competencia para legislar sobre la materia, señala el TC debe examinarse si el legislador, al hacerlo, ha respetado todas las exigencias constitucionales.
El Tratado se encuentra estructurado por un índice, un preámbulo y 23 artículos en los cuales se contienen las normas referidas a la obligación de los Estados de conceder la extradición, comprometiéndose las partes, con arreglo a las disposiciones del Tratado, a extraditar recíprocamente a las personas reclamadas por las autoridades requirentes para su persecución penal o para la imposición o el cumplimiento de una pena por haber cometido un delito que da lugar a la extradición.
«la fundamentación del requerimiento y los antecedentes acompañados permiten deducir que el requirente, en realidad persigue impugnar lo resuelto por el juez tributario que falló en primera instancia, decisión que fue confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua en cuanto a la procedencia del cálculo contenido en las liquidaciones practicadas».
En la instancia parlamentaria se decidió votar el proyecto en su conjunto, frente a la falta de acuerdo para definir cuáles artículos eran los que debía considerar la Comisión de Hacienda.
El proyecto de ley establece que los Ministros de Estado, los diputados y senadores, el Presidente de la República, y las demás autoridades y funcionarios que se señalan, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, la que, en todo caso, deberá contener la singularización de todas aquellas actividades y bienes del declarante, y que en caso de incumplimiento se podrá aplicar una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM.
«Agencia de Calidad de la Educación como servicio público funcionalmente descentralizado que se relacionará con el Presidente de la República a través del Mineduc y que tendrá por finalidad evaluar y orientar el sistema educativo».
