En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Esto, a propósito de solicitud de la Diputada Claudia Mix, respecto a la legalidad de la instrucción emanada de la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social (BEAS) que habría ordenado el retorno a las labores presenciales de los funcionarios de alto riesgo y de los que estuvieron expuestos a ese virus.
La Segunda Sala señaló que la LOCTC en su artículo 84 establece, en su inciso primero, numerales tercero y quinto, que un requerimiento deberá ser declarado inadmisible, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación y cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación.
El proyecto a desarrollar por la Gobernación Regional de Valparaíso constituye un estudio básico y previo que dará lugar a un futuro Plan de Gestión, por lo que no constituye un acto que genere un impacto directo sobre los derechos de la recurrente.
Los requisitos que prescribe la Ley N°18.046 no constituyen meras formalidades, sino tienen como fin salvaguardar la responsabilidad que asiste a todos los directores de una sociedad en virtud del deber fiduciario que pesa sobre ellos.
Prohíbe optar al beneficio de sustitución de las penas privativas de libertad, a quienes resultaren condenados a pena aflictiva por delitos contra las personas.
Los hechos acusados no constituyen una causal para ejercer una acción de amparo económico.
El Tribunal de alzada estimó que la causal del artículo 160 N°2 del Código del Trabajo exige la concreción de un negocio en el mismo rubro.
Al respecto, el Tribunal recuerda que el juzgado de primera instancia tuvo en cuenta para condenarles, los informes periciales realizados por agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.
Establece que las personas con discapacidad no podrán sufrir restricciones etarias para el acceso a la educación especial.
