El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución impugnada, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que autorizó la entrega, al considerar que la información requerida tiene causal de reserva, al afectar derechos de terceros.
El Tribunal de alzada elevó de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, la pena que deberá cumplir Alejandro Sáez Mardones, en calidad de autor de los ilícitos. En tanto, Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado deberán purgar 5 años y un día de presidio, como cómplices.
No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.
El requirente estima que se conforma una comisión especial para su juzgamiento, afectando sus garantías procesales.
Los recurridos alegaron haber comprado el derecho respectivo.
Si bien la Ley N°21.342 es aplicable a entidades del sector privado, no es óbice para exigir un instrumento similar en las entidades de la administración centralizada y descentralizada del Estado y Municipalidades.
No es la ausencia de ánimo vengativo lo que da lugar a disminuir la pena, sino que tal respuesta derive de una provocación previa (insultos) que supere cierto umbral de gravedad y se repute injustificada.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
Al ingresar a la institución, todo miembro se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país.
El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.
