TC acogió parcialmente requerimiento y declaró inconstitucional parte de Decreto Supremo que incide en regulación de la televisión digital.
La sentencia expone que el conflicto se reduce a elucidar dos cuestiones esenciales: 1) si para la consecución de un fin constitucionalmente irreprochable, la autoridad administrativa cuenta o no –dentro de sus medios actuales- con competencias a tal efecto y, de ser así, 2) si el ejercicio de tales facultades administrativas amaga o no derechos fundamentales.