La iniciativa hace propia la conclusión de la “Comisión Interamericana de DDHH”, que determinó que “la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios, afectaba seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos”.

Razona luego que la “gestión judicial” -a que aluden el constituyente y el legislador en la materia- está referida al negocio jurisdiccional a que da origen una controversia jurídica entre partes (dos o más personas con intereses contrapuestos), sometida al conocimiento y decisión de un tribunal.

La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñiquén en contra de una resolución del CPLT que acogió el amparo de acceso deducido por un concejal de esa comuna y ordenó la entrega de una serie de antecedentes referidos a la administración municipal. La sentencia razona que […]

El recurso denunció vulneración de los artículos 141, letras b) y d), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 11 de la Ley Nº 19.880, porque el fallo impugnado confundió el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad ante la autoridad municipal con el término previsto para reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.

“Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por el abogado del recurrido en estrados, es posible concluir, que no es un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional invocada, ni ninguna otra, motivo por el cual se deberá rechazar el recurso en la forma que se dirá en la parte resolutiva”, donde sólo hace referencia a uno de los tres recurrentes.

(…)así ocurre en aquellos casos en que “la falta personal ha sido cometida en el servicio o con ocasión del servicio” y en que los medios materiales de la falta “han sido puestos a disposición del culpable por el servicio”.

Se interpuso acción constitucional en contra de la Municipalidad de Talca y de la Contraloría General de la República, dicha acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Talca, sin embargo la Corte Suprema revocó la sentencia de alzada argumentando que la acción cautelar de derechos constitucionales no constituye una instancia de declaración de derechos

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 24 del D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que autoriza a los establecimientos subvencionados bajo el sistema de financiamiento compartido a realizar cobros mensuales por alumnos.La gestión pendiente invocada es un recurso de protección en trámite ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, que […]

El Proyecto de acuerdo expresa que en julio del año pasado el Gobierno dictó el Decreto Nº 608 que estableció una Política Nacional de Desarrollo de las Localidades Aisladas, donde se reconoce “el deber del Estado de promover la integración de la Nación, fortalecer la regionalización e impulsar un desarrollo armónico, equitativo y solidario”.

Cabe recordar que el artículo 28 del D.F.L N° 341, de 1977, sobre Zonas Francas, establece una franquicia tributaria a las mercancías elaboradas por empresas manufactureras instaladas en Arica, acogidas al régimen de zona franca, eximiéndolas de los derechos, tasas y gravámenes aduaneros aplicados a la importación de dichas mercancías en el resto del país.