Los contratos de trabajo celebrados al día siguiente del finiquito dan cuenta de la intención de ambas partes de seguir vinculadas, hecho que no puede ser desconocido por la empleadora al momento de la desvinculación para reducir la base de cálculo de la indemnización por años de servicio.

En virtud del efecto declarativo y retroactivo de la partición, se entiende que el bien adjudicado a la mujer una vez disuelta la sociedad conyugal, siempre fue de su dominio exclusivo, lo que descarta que tal adjudicación constituya la enajenación que exige el Código Civil para que haya objeto ilícito.

La demandada alegó que el deudor principal era solvente dado que era dueño de un bien raíz, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, puesto que pesaban varias medidas precautorias sobre todos los bienes de aquel deudor, lo que denotaba la insolvencia de este.

A pesar de esto, precisa existe abundante jurisprudencia administrativa sobre la cláusula tácita y el beneficio de estacionamiento, por lo que insta al requirente a concurrir a la Inspección del Trabajo de Valparaíso para que fiscalice los hechos y la configuración de la cláusula.

Tanto en establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados.

La Ley N° 19.300, en su artículo 10 letra i), establece la necesidad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para aquellos proyectos de extracción industrial de áridos, y para calificarlos como industriales, deben contemplar una remoción de material superior a los 50.000 m3.

En la actualidad no está bien definido su rol profesional en los servicios de salud.

A pesar de los informes recibidos, el tribunal no intervino para suspender las sesiones de contacto hasta después de un largo tiempo. Durante ese periodo los niños se vieron obligados a encontrarse con su padre en un ambiente convulso que no fomentaba un entorno pacífico, a pesar de que el padre ya no estaba siguiendo su programa de rehabilitación de drogas y que el proceso penal por malos tratos estaba pendiente.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que absolvió a la procesada y que ordenó dejar sin efecto la cancelación de la inscripción del inmueble.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario y vulneratorio de garantías constitucionales de la recurrida.