Tendrá como fin coordinar la investigación y perseguir los delitos dle crimen organizado, como el narcotráfico, el fraude al fisco, los delitos cibernéticos contra la seguridad del Estado, el terrorismo y otros delitos que atenten contra la seguridad interna y externa del país.
En la sentencia el juez rechazó íntegramente la reclamación deducida por la supermercadista al no establecer en los contratos de trabajo las funciones específicas que deberían cumplir los dependientes.
La reclamación busca anular la resolución de la SMA que requirió solo el ingreso del proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los Maquis” al SEIA y no dio inicio a un procedimiento sancionatorio.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que rechazó la excepción anómala de prescripción y que ordenó al municipio pagar la suma de $27.281.702 reclamada.
El máximo Tribunal acogió la acción formalizada en representación de Haroldo Quintero Bugueño, Renato Jesús Vargas Contreras y Eduardo Espinoza Opazo, tras establecer fueron condenados en un proceso viciado por transgresión flagrante a las normas del debido proceso y manifiestamente injusto.
Los reclamantes, un grupo de vecinos de Constitución, recurrieron al Tribunal luego que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara el recurso administrativo que habían interpuesto contra la resolución que calificó favorablemente el proyecto, pues no se habrían considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.
Contactaba a las víctimas a través de diversos medios, tales como: página web, correo electrónico, vía telefónica o presencialmente en las sucursales de la empresa en la Región Metropolitana y, simulando mantener los medios para concretar los servicios, les solicitaba la transferencia de fondos.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.
Para su estudio, la Comisión de Seguridad Ciudadana contó con la participación de autoridades de ambas policías, así como del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud, por considerar que se debía supeditar al niño al procedimiento de adopción, además de quedar con dudas sobre la madurez del menor para tomar la decisión de cambiar su apellido paterno.
