El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que rechazó la excepción anómala de prescripción y que ordenó al municipio pagar la suma de $27.281.702 reclamada.

El máximo Tribunal acogió la acción formalizada en representación de Haroldo Quintero Bugueño, Renato Jesús Vargas Contreras y Eduardo Espinoza Opazo, tras establecer fueron condenados en un proceso viciado por  transgresión flagrante a las normas del debido proceso y manifiestamente injusto.

Los reclamantes, un grupo de vecinos de Constitución, recurrieron al Tribunal luego que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara el recurso administrativo que habían interpuesto contra la resolución que calificó favorablemente el proyecto, pues no se habrían considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.

Contactaba a las víctimas a través de diversos medios, tales como: página web, correo electrónico, vía telefónica o presencialmente en las sucursales de la empresa en la Región Metropolitana y, simulando mantener los medios para concretar los servicios, les solicitaba la transferencia de fondos.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.

Para su estudio, la Comisión de Seguridad Ciudadana contó con la participación de autoridades de ambas policías, así como del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud, por considerar que se debía supeditar al niño al procedimiento de adopción, además de quedar con dudas sobre la madurez del menor para tomar la decisión de cambiar su apellido paterno.

No resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para dirimir alguna disputa que pudiese existir con el actor.

En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.

De lo contrario el demandado carece de legitimación pasiva y el resultado del juicio no puede ser oponible a los demás comuneros, que igualmente ocupan el inmueble.