La norma prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable»
El Tribunal de alzada desestimó el recurso por considerar que no se ha acreditado ningún vicio de ilegalidad y por considerar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto.
Ello tras establecer que la recurrida incumplió con la obligación de fundamentar la resolución que rechazó el pago solicitado.
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado, tras constatar que la materia que la recurrente pretende unificar, corresponde a una situación fáctica, casuística, que imposibilita su comparación, en lo estrictamente jurídico, con otras sentencias.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado en el fatal accidente.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda tras establecer la responsabilidad del conductor municipal en el accidente.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la empresa y se ordena, con costas, poner fin al hostigamiento.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso intentado por no reunir los requisitos que habilitan su tramitación.
El máximo Tribunal estableció que los jueces de fondo actuaron correctamente al considerar atentatoria contra la identidad de género de la demandante la conducta de la recurrente.
El autor sostiene que “la ONPE, a través de este Protocolo, optimiza la garantía del derecho al voto de las personas trans, algo que merece nuestro reconocimiento y felicitación, pues su contenido guarda estricta relación con las obligaciones convencionales y constitucionales que el Estado peruano debe cumplir para proteger el derecho a la identidad de género”.
