La iniciativa busca establecer un reproche penal respecto de aquellos casos en los que, con ocasión de robo o de una violación, ocurre un resultado de muerte de niños, niñas o adolescentes y personas objeto de especial protección.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la isapre, tras establecer que la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus facultades al sancionar a la reclamante.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia atacada, dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal estableció que la empresa refinadora es responsable por el derrame de hidrocarburo provocado por la rotura de ducto submarino de la terminal de descarga que posee en la bahía.
El máximo Tribunal estableció el deber irrenunciable del Estado de suministrar agua potable a la población; obligación adquirida al suscribir diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El juez de letras de Lebu, en su oportunidad, ordenó trabar contienda de competencia, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones, a fin de que se dirimiera conforme a derecho.
El juez de instancia demoró 83 días en dictar la sentencia definitiva.
Los actores no se encuentran facultados para ejercer acciones de dominio sobre el retazo demandado en conformidad al artículo 19 del Decreto Ley 2.695.
La iniciativa corresponde a una moción ingresada en diciembre de 2020 patrocinada por las Senadoras Luz Eliana Ebensperger y Marcela Sabat, en conjunto con los Senadores Carlos Bianchi, José Miguel Insulza y Manuel José Ossandón.
La Seremi de Salud incurrió en una discriminación arbitraria al prohibir a la actora vender artículos de librería, ya que permite que comercios de mayor tamaño vendan dichos artículos.
